Yamandú Orsi admitió que el presupuesto quinquenal quedará "corto" frente a las demandas del país

El proyecto oficial, que se enviará al Parlamento a fin de mes, prevé un aumento de gasto progresivo hasta u$s 280 millones.

La discusión parlamentaria anticipa un fuerte debate sobre prioridades y restricciones fiscales.

El presidente Yamandú Orsi reconoció que el presupuesto quinquenal que el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento en los próximos días será limitado frente a las demandas sociales y económicas.

En los últimos días trascendió que el aumento del gasto público previsto para 2026 ronda los 140 millones de dólares. Consultado en rueda de prensa, sobre si esa cifra responde a las aspiraciones oficiales, Orsi respondió: "En cinco años es bastante más. Los 140 millones son para el arranque. Después tenés incremental hasta llegar a 280 millones de dólares, creo que es al final. Pero por supuesto que queda corto. Es lo que tenemos hoy, ojalá podamos decir el año que viene, 'tenemos un poco más'".

El líder del Frente Amplio (FA) admitió que las necesidades superan a los recursos disponibles: "En Uruguay la frazada siempre es corta. En un país del sur, cuando uno mira los volúmenes y el PBI de otros países y otras regiones, por supuesto, es mucho lo que tenemos que atender, son muchas las dificultades sociales. Por lo tanto, manejar ese equilibrio es la clave y Uruguay lo ha sabido hacer desde hace más de 100 años".

La propuesta de Orsi a los ministros

El mandatario adelantó además que en los próximos días convocará a un Consejo de Ministros para terminar de afinar el proyecto antes de su envío al Parlamento. "Será la previa a la presentación del presupuesto. Después de las devoluciones que se le ha hecho a cada uno de los ministerios, es un poco hacer una puesta a punto y dar algunas respuestas que quizá le esté faltando a algún ministro", explicó el exintendente de Canelones.

La discusión presupuestal se dará en un escenario de fuerte presión desde diversos sectores, que reclaman mayores recursos para políticas sociales, infraestructura, educación y seguridad, mientras el gobierno insiste en que su prioridad será mantener el equilibrio fiscal.