La Cámara de Zonas Francas del Uruguay (Czfuy) advirtió que la implementación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD) no será neutral para las empresas multinacionales y podría generar “costos adicionales” e incluso comprometer inversiones.
Zonas francas en alerta: advierten que el IMCD puede erosionar la seguridad jurídica y comprometer inversiones
El sector ve con inquietud la readecuación del Impuesto Mínimo Global que contempla el gobierno en el Presupuesto.
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Las zonas francas advierten por el impacto del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico.
Gentileza Uruguay XXILa mirada crítica a la readecuación del Impuesto Mínimo Global viene generando críticas de la oposición y una férrea defensa del gobierno, que considera que, a través del IMCD, las firmas pagarán lo mismo, pero en el país y no en la casa matriz.
El IMCD aplicará para las compañías multinacionales cuya facturación supere los 750 millones de euros, en línea con las medidas dispuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Ante este panorama, representantes de la Czfuy asistieron a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para manifestar sus reparos sobre la iniciativa y, si bien no hubo declaraciones oficiales, desde la oposición se hicieron eco de las preocupaciones.
Abdala advierte que “afecta la seguridad jurídica y pone en riesgo las inversiones”
Uno de los dirigentes que se hizo eco de los reparos fue el diputado del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala, quien consideró que desde la cámara señalaron que la eventual aprobación del tributo sería “un grave error”, al considerar que “es inoportuno, innecesario, afectará la seguridad jurídica y representará un riesgo para la inversión”.
Abdala apuntó que la modificación “perforará” el régimen centenario y se hizo eco del mensaje de la Czfuy. “Fundamentó con contundencia que la neutralidad del impuesto no es tal, que el gravamen tiene costos derivados y asociados que llevarán a las empresas a revisar sus decisiones”, señaló y precisó que “ya hay consultas a ese respecto”.
Su par del Partido Independiente (PI), Gerardo Sotelo, agregó por la misma vía que la aplicación de este impuesto “erosionaría la seguridad jurídica, llegaría en un momento inoportuno y pondría en jaque inversiones y miles de empleos”.
Desde las zonas francas creen que el IMCD “no es neutral” y advierten que “sus costos adicionales podrían llevar a las empresas a replantearse su permanencia en el país”, planteó Sotelo, señalando que el impuesto “es motivo de controversias en el mundo”.
“El gran activo del régimen de Zonas Francas de Uruguay es su absoluta estabilidad, mantenida a lo largo de 40 años a pesar de los cambios políticos. Ni siquiera la necesidad de recaudar más puede justificar que se asuman estos riesgos”, sentenció el referente de PI.
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