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Los funcionarios resaltaron que El término de ajuste, según el ministro de Justicia, sería la «solución jurídica» para que los agricultores que actuaron de forma ilegal «sean perdonados» sin que el gobierno incumpla una decisión judicial que prohíbe la comercialización de la soja transgénica en el país, explicó Bastos.
«No podemos dejar de intentar salvar esta zafra para exportación, por ello, vale algunos millones de dólares», dijo Bastos, al referirse a los seis millones de toneladas de soja transgénica cultivada en Brasil, cuyo costo asciende a 300 millones de dólares.
«Esta solución -según el ministro de Justicia- no significa que el gobierno esté abriendo las puertas para futuros plantíos irregulares de transgénicos, al contrario, vamos a cerrar las puertas», puntualizó. La ministra de Medio Ambiente aseguró, por su parte, que de ninguna manera «habrá indemnización a los productores irregulares».
Por último, Bastos y Silva criticaron la omisión del gobierno anterior de
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