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Los dirigentes ruralistas reclamaron a los organismos gubernamentales respeto al orden constitucional, seguridad interior y evitar los desmanes. Exigieron, además, una reforma político-institucional que «racionalice y torne eficiente el desempeño de toda la administración pública», y pidieron a toda la comunidad compartir esfuerzos para «sortear la amenaza de disgregación social que se cierne sobre nosotros».
El pronunciamiento de los dirigentes rurales fue categórico: «La crisis actual que padecemos no reconoce antecedentes en nuestra tierra. El orden jurídico en general y el estado de derecho en particular se encuentran conculcados. Los principios elementales de convivencia pacífica y civilizada se sacrifican cada día más.
La propiedad privada dejó de respetarse y se violenta de manera creciente. La seguridad personal experimenta un deterioro progresivo. La Constitución Nacional es letra muerta», advirtió la Sociedad Rural desde donde se consideró también que «las exacciones tributarias resultan progresivamente confiscatorias». El dirigente embistió una vez más contra las retenciones agropecuarias, al indicar que «es un impuesto ridículo, que ningún país en serio tiene, más allá de que sea fácil de recaudar, pero no se debe caer en el facilismo de recetas perimidas, hay que proponer y escuchar propuestas y poner en marcha el país definitivamente; así, vamos como el cangrejo, avanzamos retrocediendo».
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