Hay que ayudar de otra forma a los productores

La forma urgente en que trató la Cámara de Diputados el proyecto de ley para atender las necesidades de la producción del algodón nos tendría que llenar de orgullo como ciudadanos y productores (si éste, claro, fuera el funcionamiento permanente del Poder Legislativo). Sería alentador que todos los proyectos demorados que necesita el sector se pusieran en discusión más allá de quién es el autor y se analizaran con la misma agilidad que en el caso anteriormente citado, respetando siempre todas las etapas de discusión: de esta manera, el sector y el país concretarán las políticas de Estado que estamos reclamando, para darles previsibilidad a la investigación, la inversión y el trabajo. Los bloques mayoritarios acordaron darle el miércoles pasado media sanción en tiempo récord al proyecto que venía aprobado por el Senado de la Nación sobre la creación del «Plan de desarrollo sustentable y de fomento de la producción algodonera», en un trámite parlamentario que estaría rozando lo irregular. Llamó mucho la atención la urgencia de aprobarlo, ya que dejó algunas dudas sobre los objetivos del proyecto. Me siento en la responsabilidad de hacer conocer dichas dudas a la opinión pública. En un análisis general del proyecto de ley está demostrado que este tipo de manejos de recursos públicos para fomentar la producción de un cultivo ha fracasado en la mayoría de los casos, tanto en el país como en el mundo. Las exenciones que se pueden poner de ejemplo fueron puestas en práctica siempre y cuando se contase con la seguridad de que quedase fuera de la corrupción pública y privada, que, con seguridad, no es el caso de nuestro país. El manejo de 50 millones de pesos por un plazo de diez años implica una suma demasiado importante para ser distribuida arbitrariamente por funcionarios y dirigentes, cuya asignación -dicho sea de paso-nunca llega como corresponde a los productores, que son los que legítimamente tienen que recibirlo. Con el agravante, además, de que este tipo de intervención como el que dispone el proyecto de ley termina distorsionando todo el mercado de ese cultivo, haciendo perder la orientación a todos los productores, se encuentren o no adheridos a este programa del fomento. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales tienen otras formas más directas y efectivas de incentivar la producción de un cultivo o de determinadas regiones. La eliminación de todos los impuestos distorsivos sería el primer paso por seguir para no ahogar a esos productores. La exención de determinadas cargas impositivas o tasas de servicios sería el paso siguiente y, en última instancia, la aplicación de reembolsos directos al producto terminado es otra forma de complementar una política activa por el Estado (política que no pone en riesgo los recursos públicos en manos de la burocracia pública y privada). La producción de algodón -como otras-fue desplazada por otros cultivos por un tema de rentabilidad o precios relativos positivos (como es el caso de la soja). La nueva tecnología y la escala de producción e industrialización permitieron a la soja poder seguir avanzando -a pesar de la falta de políticas de Estado para el sector-en un marco económico nacional que desprotegía a quienes producían otros cultivos más sofisticados y de mayor capital de trabajo. Las políticas para el sector cuyo fin sea el éxito tienen que ser generales y no por cultivo. El productor, de esa forma, puede optar y hacer la rotación de los cultivos asumiendo los riesgos empresarios. No corresponde hacer lo que dispone el proyecto: que el algodón tenga la posibilidad de tener un seguro agrícola con apoyo del Estado y otro cultivo, alambre por medio, no pueda asegurarse porque no tiene un plan de fomento similar. Lo que necesitamos en materia de seguro agrícola es una política de Estado no obligatoria y cuyo alcance sea para todas las producciones y regiones del país, implementado por el sector privado y el Estado: así se induciría su uso. Con 50 millones de pesos se puede promover la utilización de seguros en todas las producciones del país; de esta manera podríamos pasar de 40% del área agrícola implantada asegurada actualmente, a 60%. Sepan los legisladores y el gobierno que si prospera esta ley para el fomento del algodón no va a haber razón válida para oponerse a los innumerables reclamos y propuestas legítimas de determinadas producciones y zonas del país, que desearán tener un fondo específico para su desarrollo. Hay que asumir que este probable escenario se va a ir potenciando, ya que muchos funcionarios y dirigentes creen que el superávit fiscal se tiene que usar para este tipo de políticas que tanto daño le han hecho al país. • Políticas modernas Lo que sí corresponde tener son políticas modernas para la extensión y el desarrollo de los pequeños productores, a las cuales yo personalmente suscribo y voy a trabajar para lograrlas. Estas políticas tienen que estar basadas en la educación, la asociación, la información, la financiación y los beneficios; esas políticas las debe recibir en forma directa el productor para evitar intermediaciones. Otro error es querer englobar toda la producción de algodón u otras del país en este tipo de políticas dirigistas que ya demostraron, en la historia del agro argentino, su rotundo fracaso. La única forma para poder desarrollar en primer lugar una producción, en segundo lugar una región y, por último, un país, es fijar reglas de juego permanentes para poder exportar a todos las naciones del mundo, produciendo un shock de exportaciones como el que necesita la Argentina (única forma sustentable y verdadera para mantener nuestro crecimiento). El Poder Legislativo tiene un rol fundamental en la implementación de esas políticas de Estado: debe hacer sostenido el crecimiento, dejando de lado los intereses de los bloques partidarios y actuar como las legislaturas de los países que prosperan en el mundo, aquellas que piensan en los productores y en los ciudadanos del interior del país.

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