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A pesar de que en el mencionado decreto se establece explícitamente que es una medida especial temporal, la misma está en vigencia desde el día 10 de julio de 2001, con plena aplicación en la actualidad. Cabe destacar que este arancel no fue impuesto ni para el trigo, ni para las semillas oleaginosas, creando así serios inconvenientes para las fábricas y molinos nacionales, especialmente los radicados en las provincias del norte de la Argentina.
Cabe destacar que Paraguay como Brasil y Bolivia son importantes destinos de exportación de las harinas y aceites elaborados en nuestro país.
La medida en cuestión resulta ser un sesgo antiexportador de valor agregado, porque al no ser gravados los productos primarios -caso el trigo y el girasol-se crea una desventaja competitiva muy pronunciada para las harinas y aceites nacionales. Además, se debe considerar que la decisión de imponer este arancel no condice con la filosofía y las normas del Mercosur.
«Es de vital importancia la anulación de este arancel...» comentaba con enojo un molinero argentino. Porque a pesar de que se realizaron todo tipo de gestiones -oficiales y privadas-, la medida continúa plenamente vigente, sin existir por el momento una decisión formal por parte del gobierno paraguayo, de anular la mentada medida arancelaria. Muchos operadores indican que quizás se deba realizar alguna «presión» más contundente por parte de los diplomáticos argentinos con los colegas del vecino país. Porque queda en evidencia que el lobby que están efectuando los industriales paraguayos sobre el propio gobierno, es verdaderamente muy fuerte. Más si consideramos que el molino harinero más grande e importante de Paraguay, es una firma de reconocida trayectoria exportadora de granos.
Este valor se impone de acuerdo a un cálculo teórico que surge de la Secretaria de Fazenda del Estado, y que por lo general, no es coincidente con el verdadero valor de las facturas de venta o de los precios a los cuales se está vendiendo realmente la harina en las ciudades del mencionado estado brasileño. Esto genera la posibilidad de realización de hechos discriminatorios sobre las harinas importadas, ante el beneficio de las harinas de producción local.
Hecho que viene ocurriendo con demasiada asiduidad en los últimos meses. Muchas veces se ha criticado la falta de velocidad de los gobiernos argentinos con relación a las posibilidades de imponer ciertas protecciones a la industria nacional, pero en este caso, los otros países partícipes del Mercosur están demostrando no tener ningún respeto por las normativas existentes en relación a la limitación de la aplicación de aranceles o gravámenes que perjudiquen el libre comercio en la región.
Quizás el abuso de la aplicación de los diversos sistemas de control sanitario y otros mecanismos paraarancelarios que comúnmente se utilizan en la región, hayan hecho pasar medianamente desapercibidas las medidas anárquicas que están implementando algunos de los socios de la región.
Ahora y desde hace un tiempo, está todo en manos de los diplomáticos y burócratas argentinos, quienes tendrán que obtener la transparencia del comercio y el fiel cumplimiento de las normas del Mercosur. Lógicamente, son muchos los que opinan que este camino será demasiado lento y sinuoso, comparado con el dinamismo demostrado por los empresarios de la región.
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