Rechazan cambios en la Ley de Semillas

Empresarios semilleros nucleados en la Cámara Argentina de Semilleros (CAS) junto dirigentes rurales armaron un discurso común en contra de los cambios en la Ley de Semillas.

Un sector de la producción agrícola salió a reclamar el freno a la modificación de la Ley de Semillas y argumentó que ciertos cambios podrían generar monopolio en el uso propio de las patentes.

Durante la «Jornada Nacional sobre semillas, su innovación tecnológica y sustentabilidad productiva: marco jurídico en la República Argentina», que se realizó en el Salón de actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) se volvió a revivir el enfrentamiento que arrastran las empresas semilleras que operan en Argentina y que provocó también posiciones enfrentadas hasta en las entidades del campo, que vienen discutiendo el tema de las patentes durante los últimos años. La cuestión se agudizó cuando durante la gestión de Miguel Campos al frente de Agricultura se liberaron exigencias para la inscripción del maíz GA 21, que permitió beneficiar a empresas con sus inscripciones y motivó, con el liderazgo de una compañía argentina, la creación de otra entidad que representa a semilleros, como la Cámara Argentina de Semilleros (CAS). La histórica, que reúne a las grandes compañías multinacionales es ASA, la Asociación de Semilleros Argentinos.

En esta jornada, realizada el viernes, los productores semilleros se opusieron a que se les garantice a las compañías multinacionales el cobro de regalías por el uso y mejoramiento de las semillas originales, ya que, dijeron «eso se presta a un espacio de monopolio en ese mercado».

La restricción del acceso al germoplasma ha sido pedida por las propias multinacionales que pretenden que los productores paguen una regalía cada vez que utilizan la semilla original para crear una nueva.

Defensa

Lo cierto es que el director técnico de la Cámara Argentina de Semilleros (CAS), Osvaldo Monge Navarro; el presidente de la Cámara de Semilleros Multiplicadores (CASEM), Raúl Pagnoni, y el titular de la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos (FADIA), Alberto Chiavarino, hicieron una cerrada defensa de la actual Ley de Semillas y cualquier modificación.

La Ley establece que el productor puede guardar semillas para uso propio, de forma que un fitomejorador pueda crear un cultivo mejor partiendo de ese original, «sin vulnerar el derecho del obtentor».

Bajo el argumento de la necesidad de recuperar las inversiones realizadas en investigación y desarrollo, las multinacionales reclaman que se «proteja» el invento o descubrimiento para que no sea de uso «público».

Para los semilleros, responder a estos pedidos eliminará la libre competencia para la mejora genética de los cultivos.

Monge Navarro remarcó que los fitomejoradores buscan optimizar el proceso genético de los cultivos, pero «adaptados a cada zona o región». «De allí la importancia de que, partiendo de una semilla original, estos especialistas puedan crean otra adaptada regionalmente», agregó.

En tanto, en el enfrentamiento de entidades rurales, la Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas quedaron claramente en la vereda de la Cámara Argentina de Semilleros (CAS) - que reúne a empresas como Atar, la semillera de Atanor. La joven entidad es capitaneada por Atar, que meses atrás mantuvo un fuerte enfrentamiento con la suiza Syngenta por los derechos sobre una variedad del maíz transgénico RR.

Lo cierto es que representantes de Agrarios y de CRA remarcaron la importancia de frenar cualquier modificación a la Ley de Semillas y describieron los peligros que acarrearía al sector-«el intento por monopolizar el uso propio de patentes».

Jorge Solmi, de la Federación Agraria Argentina, y el secretario general de Confederaciones Rurales Argentinas, Javier Jayo Ordoqui, coincidieron en describir el crecimiento exponencial que experimentó el sector semillero desde que se sancionó la Ley de Semillas. Al respecto, Solmi pidió que el Estado se decida a poner en marcha al INASE, ya que «todavía después de ocho años no hay un directorio para el INASE, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Semillas».

Sin fundamentos

El abogado explicó que no existen fundamentos para modificar la Ley de Semillas porque después de más de 30 años, se utiliza el mismo paradigma para intentar cambios que pueden limitar el crecimiento del sector.

Para el abogado, «el derecho del obtentor está protegido en nuestra ley, pero ese derecho no es absoluto, porque estamos hablando de algo que es patrimonio de la humanidad, como los alimentos».

Según relató, el sistema no debe intervenir con el intercambio del germoplasma. Y remarcó que obtentor y usuario no pueden resolver en un contrato privado una cuestión que es de orden público. «La seguridad alimentaria y la soberanía agraria de la nación no pueden ser objeto de un acto privado, son cuestiones de orden público», puntualizó.

El abogado de la Federación Agraria criticó la propuesta de algunos sectores de suspender a productores agropecuarios o de pedir acciones civiles de daños y perjuicios para los que utilicen semillas sin pagar regalías «sobre supuestos que parecen a veces un abuso». «La transferencia de poder, de derechos y de recursos son un abuso. Por eso, en el medio tiene que haber un Estado que ponga límites a esto. Hoy el 40% de la soja que se produce la tienen 71 mil productores», indicó.

Realidad

Además, dijo que «si tuviéramos la tecnología y la producción en pocas manos, correríamos riesgos. En esto involucramos a 268 mil argentinos que representan 40% de la población del interior que vive en pueblos que puede desaparecer si se modifica la Ley de Semillas. Hay que tener en cuenta que la realidad del agro argentino es totalmente distinta a la de otros países. Acá tenemos retenciones y falta de infraestructura en el interior».

El especialista sostuvo que «la Ley de Semillas está hace treinta años y la bolsa blanca (comercio ilegal) no tiene entidad propia para cambiarla. Hace falta desconcentración y diversidad.

El monopolio no nos lleva a ningún lado. Nadie le tiene que tener miedo a la competencia».

En tanto, Jayo Ordoqui sostuvo que para el productor la semilla es «única e indivisible».

«Los derechos de la semilla se pagan una sola vez al obtentor en la compra. Para nosotros, el uso propio es un derecho. Después se fue tergiversando en los últimos años el concepto, pero es un derecho milenario. Por eso, si se le da un derecho al ostentor se le está quitando al agricultor», dijo el ingeniero agrónomo.

El secretario de CRA resaltó que con la ley 20.247 (de semillas), que es de 1973, se quintuplicó la cosecha y la industria semillera se desarrolló y hoy es muy poderosa económicamente.

«Existe el problema de la bolsa blanca. Pero me pregunto si es necesario quitar un derecho porque no se cumple con la ley. Para hacerla cumplir existe un organismo que es el INASE. Creo que el único motivo de intentar modificarla es el interés de la industria semillera», agregó Jayo Ordoqui.