El Ministerio de Economía habría vuelto a pisar el pago de facturas de proveedores y otros conceptos en septiembre por aproximadamente $1 billón de acuerdo a datos de la Administración Pública Nacional (APN). Lo que se denomina "deuda flotante" se ubicó en el orden de los $3,1 billones.
Así lo indica un informe de la consultora Analytica en base de la información del gasto devengado durante el mes pasado, comparado contra lo que realmente se abonó.
"En los primeros nueve meses del año, la deuda flotante acumulada es de $3,1 billones, equivalente al 0,3% del PIB. De este modo refleja una leve suba superando el nivel registrado en septiembre de 2025", indica el reporte elaborado en base a información oficial.
La postergación del pago de erogaciones está contemplada en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La regla es que no puede superar el 10% del gasto corriente.
En el caso de la Argentina este año es un recurso que viene empleando periódicamente el Palacio de Hacienda para ayudar a alcanzar las metas del superávit. La meta parcial de junio, que recientemente revisó el organismo, indicaba que el superávit primario alcanzado en los primeros 6 meses debería haber sido de $6,8 billones pero el acumulado fue de $6,3 billones. Aunque el objetivo no fue alcanzado, se descuenta que será aprobado cuando el ministro Luis Caputo participe de la reunión del FMI en Tailandia esta semana, donde se entrevistará con Kristalina Georgieva.
Para diciembre el objetivo es de $16,22 billones, aunque en el proyecto de Presupuesto del 2027 que se mandó al Congreso figura que se llegará este año a $15,5 billones. En ese contexto no es descartar que Caputo apele a pisar algunos gastos para emprolijar los números.
La suba de la deuda flotante tiene componentes estacionales y suele tener lugar en los meses previos a una revisión del FMI. Es de recordar que para la segunda revisión del acuerdo de marzo de este año la deuda exigible de la APN había trepado en $2 billones. En febrero era de $1,94 billones y un mes después había pasado a $4 billones.
En ese período el gobierno había soportado la máxima tensión con sindicatos de la salud, por la cuestión de la falta de actualización de salarios para el personal del Garrahan, y también enfrentó las protestas de los prestadores de servicios para personas discapacitadas. Además de ello, estalló la crisis con las universidades por la falta de actualización de los salarios de los docentes. Otros sectores que sufrieron el retraso de pagos fueron las empresas de colectivos, que no cobraron los subsidios.
Luego, entre abril y mayo el Gobierno volvió a reducir la deuda hasta llevarla al piso de $1,4 billones. En junio la deuda flotante volvió a subir a $3,6 billones y bajó en julio a $2,2 billones. Luego se mantuvo en ese nivel en agosto.
De ahora en mas resta que el gobierno logre la meta de diciembre, la cual resultado inviable de lograr debido a que el cierre del año es altamente deficitario.
Subió el gasto devengado
Según indica Analytica el gasto público primario devengado registró en septiembre una suba interanual real del 4,6% tras ajustar por inflación. Sin embargo, desde la consultora aclararon que el incremento responde a una "leve tregua al ajuste" por la recuperación de partidas específicas y no a un cambio en la tendencia del gasto del APN.
En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las erogaciones mantienen una caída del 3,1% real en comparación con el mismo período del año anterior.
Según el informe del Monitor de Gasto Primario elaborado por la consultora, el aumento de $0,6 billones respecto a septiembre de 2025 se explicó principalmente por la suba de $0,4 billones en las pensiones no contributivas —que recuperaron parte de la caída observada el mes anterior— y por un incremento de $0,2 billones en las jubilaciones y pensiones contributivas (+3,5% i.a.)
Asimismo, el rubro de Bienes y Servicios mostró un marcado crecimiento interanual del 37,1% en términos reales (+$0,2 billones). Esta variación estuvo impulsada en un 50% por la adquisición de vacunas y la reestructuración del programa de atención médica para beneficiarios de pensiones no contributivas, que pasó a ejecutarse como compra directa de medicamentos a través del Ministerio de Salud en lugar de transferencias desde la Agencia Nacional de Discapacidad. El resto del incremento obedeció a servicios técnicos, vigilancia, mantenimiento y alquileres.