Buena intención con acechanzas

No se le puede negar al gobierno Kirchner el acierto de intentar crear un capitalismo nacional, por un lado, y de formular exigencias a las empresas privatizadas, por el otro. Quien fue el más activo privatizador de Carlos Menem en los años '90, el ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi, en estos días defendió las privatizaciones e hizo bien porque las decadentes empresas públicas dejaron así de tener déficit, de pagar sólo sueldos de empleados públicos, de ser ineficientes, bocado fácil de los sindicalistas y de abogados y tierra fértil para los juicios en su contra. Pero el mismo Dromi admitió que la mayoría de los adjudicatarios no cumplió con buena parte de las condiciones con las que el Estado se las otorgó.

Las empresas privatizadas significaron modernización, eficiencia y tecnología de punta, es cierto, pero exageraron en dos aspectos: en remesar ganancias y en que sólo excepcionalmente se preocuparon en el país por lo social y el esparcimiento (por caso, auspiciar eventos deportivos que no sean torneos de golf). Además, aplicaron tácticas judiciales básicamente dilatorias o desconocieron cláusulas contractuales basándose en el exceso de respeto y cierto complejo de inferioridad del gobierno de Carlos Menem frente a todo lo foráneo.

Como adelantó este diario, se inicia ahora la renegociación de los contratos de las privatizadas y a la gente le parece bien la actitud de este gobierno. Habrá una etapa previa de diálogo y de fijar condiciones y, según se encamine el cumplimiento, se hará la renovación definitiva de las concesiones. Parece lógico. De hecho, teóricamente lo es.

Pero hay una objeción de forma importante, sin entrar en el tema de las tarifas: las inversiones de las privatizadas requieren crédito y es muy difícil obtenerlo si el prestamista financiero no tiene como garantía del cobro futuro la concesión, que podrá o no otorgársele tras el acuerdo transitorio inicial. Además, no se sabe en qué condiciones de rentabilidad -para que puedan saldar lo que soliciten- se renovarán esas concesiones. Es una cuestión de fino tacto empresario y conocimiento de los funcionarios.

Veamos una de las negociaciones más encaminadas, presumiblemente a firmarse como acuerdo el 2 de diciembre próximo. A Aeropuertos Argentina 2000 se le exigirá una inversión encaminada de 400 millones de pesos -unos 130 millones de dólares- en obras que digitará el gobierno y alrededor de mayo próximo se firmaría la renovación de la concesión y el canon que abonará, que no sería el leonino al momento en que se otorgaron los aeropuertos ni tampoco tan bajo como le otorgó Eduardo Duhalde por un decreto ya derogado. ¿Pero qué sucede si el gobierno le dice que amplíe el aeropuerto de Formosa o Jujuy, o ponga otros en ciudades que no son capitales provinciales? Téngase en cuenta que, salvo el aeropuerto internacional de Ezeiza, ningún otro en la Argentina es rentable. Inclusive no lo es el Aeroparque de la Capital Federal, aunque esté próximo a nivelar sus costos-ingresos. En la práctica, significa que un solo aeropuerto, Ezeiza, debe pagarle al concesionario las mejoras y mantenimiento de los otros 20 aeropuertos restantes del país cuando en casi la mitad hay un solo vuelo por día. En parte, se debe a que la tasa por viajero es en Ezeiza de 18 dólares, y discutida, mientras que en Miami es de 40 dólares. Por supuesto, es inmensamente superior Miami, pero también su tránsito de pasajeros. En Uruguay se pagan 20 dólares.

• Las dos partes

En otro caso, ¿en qué dimensión y con qué tarifas le exigirán nuevas extensiones de obras de agua potable a Aguas Argentinas? Lo mismo con los transportistas de gas y las eléctricas, más adelante.

Las dos partes tienen sus razones, pero hay que agudizar el ingenio para encontrar la fórmula adecuada porque las inversiones significan créditos a buscar básicamente en el mercado internacional.

La presión impositiva aquí es alta, 30%, y tampoco es cuestión de obligar aparte a las empresas a pagar también el crecimiento por otro lado, como se hace ahora cuando todo empresario debe subsidiar el desempleo con doble indemnización por despido.

También puede ser peligroso si no hay buena voluntad desde el Estado, porque las burocracias del sector público sueñan con que se creen condiciones tan difíciles a las privatizadas para que vuelvan al Estado, como es el caso del Correo que, hoy por hoy, se encamina a desangrar por déficit las arcas públicas. Además, los aspirantes al empleo público las quieren eficientes como ahora están, acotadas en personal, con orden y buena tecnología operativa, porque así tienen un amplio margen para volver a destruirlas y hacerlas perdidosas, pagando sólo empleos públicos y sin fondos para invertir cuando menos en mantenerlas, como ya se vio en el pasado.

Distinto es el caso del empresario Francisco de Narváez, al cual los bancos nacionales están dispuestos a otorgarle en préstamo 200 millones de pesos para que pueda quedar para capitales nacionales una empresa rentable como Supermercado Disco, igualando la oferta de la chilena Cencosud (Jumbo, Unicenter), desde ya. Aquí la posición del gobierno es distinta: debe intervenir hacia la inversión de un capital nacional pero no juega su actuación en el financiamiento. En los demás casos, sí.