De los más de 2 millones en los días incendiarios de 2002, el plan Jefas y Jefes de Hogar se redujo ya a menos de un millón de beneficiarios, y el gobierno pronostica que a fin de 2007 ese número habrá disminuido a "entre 400 y 500 mil", es decir, un cuarto del número inicial. El éxito de la pretensión oficial dependerá, mucho, de la marcha de la economía y de la generación de empleo. Sin embargo, un porcentaje será "mudado" de ese plan a otros: es, dicen, la "pobreza estructural" que seguirá asistida por el Estado.
Si la economía no flaquea y el año electoral no lo fuerza a aumentar el reparto de subsidios, el gobierno proyecta lograr en 2007 reducir a menos de 500 mil el número de beneficios del Plan Jefas y Jefes de Hogar (JyJH) que, en 2002, alcanzó a 2,2 millones de desocupados.
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En la actualidad, 712 mil personas, de las cuales 70% son mujeres, reciben el subsidio mensual de 150 pesos previsto por el Plan Jefes a cambio del cual, cada beneficiario, debería realizar algún tipo de «contraprestación» que difícilmente se concreta.
Hay, además, unos 280 mil ex beneficiarios de ese programa que ahora están incluidos en el plan de Seguro de Empleo y Capacitación. Es decir: fueron «trasladados», por voluntad propia, de un programa a otro. A éstos, el gobierno no los computa como subsidio a desocupados.
Si, en cambio, se suman ambos grupos, los desempleados «asistidos» por el gobierno -sin contar el tercer ítem de relevancia, el Plan Familias- rondan el millón de personas, que equivale a 40% de la cifra que alcanzó el plan en sus inicios.
La pretensión del gobierno, tomando como base los 712 mil que «cobran» el JyJH, es reducir a «entre 400 y 500 mil» el número de beneficios de ese programa. Esa política generó choques con los grupos piqueteros pero, a su vez, logró «menguar» su poder de convocatoria.
Corresponde una aclaración: la reducción se prevé no sólo por la eventual incorporación de esos «desocupados» al mercado laboral sino por el traslado de los beneficiarios del plan Jefes a los programas Familias y Seguro de Empleo que el gobierno supone «más inclusivos e integrales».
Creado por Eduardo Duhalde en mayo de 2002 -en plena crisis por la devaluación- fue un programa de emergencia que, cinco años después, no sólo todavía perdura sino que en las proyecciones de la Casa Rosada no está contemplada ninguna fecha para su finalización.
El gobierno, sin embargo, tiene la meta de «cambiar» el eje de la política social al convertir en el programa de más alcance y mayor cantidad de beneficiarios al plan Familias, destinado a madres, y que prevé un subsidio básico de 150 pesos que se incrementa a razón de 25 pesos por hijo.
Propósito
Además, en paralelo a ese programa destinado a mujeres con hijos, la intención es impulsar el Seguro de Empleo y Capacitación, que consiste en formar a desocupados por un plazo máximo de dos años, plazo durante el cual reciben una asistencia estatal de 225 pesos.
Esta iniciativa, que opera a través del Ministerio de Trabajo, surgió a partir de que desde su inicio 800 mil personas «se bajaron» o fueron «bajadas» del plan Jefes porque se detectó que recibían aportes, por tanto estaban trabajando en relación de dependencia.
En muchos casos, claro, se trató -y se trata- de empleos temporarios.
A pesar del reclamo de los grupos piqueteros y los partidos de izquierda, el gobierno se negó este año -una vez más-a «pagar» un extra a los desocupados incorporados a los planes oficiales. Ese «aguinaldo piquetero», que se pagó en otras ocasiones, está descartado.
¿La razón? Simple: el gobierno quiere « profundizar» la diferencia de ingreso entre un plan social y un empleo para que «no sea tentador» recibir un subsidio según explican fuentes oficiales que recuerdan que en 2002 el plan era de 150 pesos y el salario mínimo superaba, apenas, los 200 pesos.
«Ahora, en cambio, el sueldo mínimo es 860 pesos», confió una fuente del gobierno.
Así y todo, en el oficialismo advierten que no sólo el plan Jefes «no va a desaparecer» sino que se admite que el programa Familias -que prevé una asistencia a las madres a cambio de que envíen a la escuela y garanticen atención sanitaria a sus hijos-durará «muchos años más». Ese es el plan que, según el gobierno, apunta a la «pobreza estructural».
