Dimos la nota el lunes. Todos iban para arriba, bien para arriba -con un Dow rozando 5%, que es espectacular-, y el recinto de Buenos Aires se fue con los inversores masticando rabia: viendo cómo el Merval, que además obliga a quedarse una hora más por el cambio de horario, se caía en más de 3%. Pero tampoco era fácil entender lo sucedido. Porque las diferencias eran parejas, entre alzas y bajas, las del petróleo habían hecho fuerza positiva y en buena forma. Sin embargo, la hilacha se arrastraba al repasar el «ranking» de las mayores bajas. Como una figura difícil de ver a menudo, cuatro bancos aparecían en los primeros lugares. Y no eran declives rutinarios, a partir de un G. Galicia con 15%. Después el Macro, con casi 13,5% de descenso. Tercero el Patagonia y su 10%, completando un sector que fue arrasado por las ventas, con la caída del Francés y casi también en 10 por ciento.
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No acostumbramos a poner excusas, ni paños fríos, cuando los desempeños son decididamente malos, pero no fue una rueda para creerle en toda su dimensión. Que en lo estadístico ni siquiera lució como 3,3% del listado clásico, sino que la crudeza se vio en el de las «locales» -sin las petroleras- que se fue por la rejilla, con una baja de más de 7%. Allí es donde se pudo pesar debidamente el desastre bancario. Saliendo del umbral de la Bolsa, una novedad recorría la City porteña y dorando la píldora -tal como se la presentaba en los medios hasta la noche- como que el Estado -tan protector y preocupado como siempre- se iría a quedar, directamente, con los fondos de las AFJP.
Esto había arrancado a la mañana, con nota en «Clarín» referida a un trabajo realizado oficialmente, donde se demostraba que el sistema «no había cumplido los objetivos». El lector interesado puede buscarlo en los archivos, desde esta columna sospechamos primero, y criticamos después -desde la puesta en marcha de 1991-, a un montaje que resultaba solamente un decorado para que los gobiernos las llenaran de títulos públicos. Y, a cambio, las dejaban embolsar comisiones que eran directamente un «atraco» sobre los aportes. Lo más curioso es que ahora no hay manera de sumarse a la resolución adoptada, porque es más que evidente -ciega la vista- que la desesperación de las arcas oficiales montó argumentos que son falaces, para quedarse con casi $ 100.000 millones de las entidades. Primero se las trozó en partes, cuando se obligó a repatriar inversiones en acciones brasileñas y que se perdieron de tomar la utilidad de gran nivel de aquella Bolsa. Y porque no hay que buscar más culpable del mal rendimiento que un menú, ordenado desde el Estado, donde los «bonos-basura» emitidos eran un chaleco de plomo y que las entidades estaban obligadas a tomar. (Otro caso donde el victimario culpa a la víctima y falsea las evidencias.)
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