El apogeo de los jubilados y la vivienda

Ha surgido una suerte de apogeo de los jubilados que inició la Corte Suprema y al que ahora todo el oficialismo se pliega . No se sabe si es espontáneo o si el gobierno decidió ampliarles el juego a otros estamentos, porque con Macri, Lavagna, Blumberg, Binner, Carrió, López Murphy, Sobisch, el radical Iglesias, los peronistas de «El General» y otros hay riesgo de peligrosas alianzas opositoras hacia los comicios de 2007 • Es obvio entonces que se acuerden de más de 3.300.000 jubilados • El Banco Nación decidió darles un modesto crédito de hasta 6 haberes mensuales si la cuota no supera 30% del cobro a tasa razonable y no regalada de 9,5% anual. Conviene• El Senado vota hoy una medida complicada para las arcas oficiales pero buena para los miembros de la clase pasiva que le habían ganado juicios al Estado: en 120 días deben cobrar • La Corte había dispuesto que en un «plazo razonable», el Congreso o el Poder-Ejecutivo les actualicen las jubilaciones a los que ganan por encima del haber mínimo ($ 470 mensuales) • Cuesta de $ 4.500 millones para arriba por año y el retroactivo -si se lo limita sólo a 2002, fecha de devaluación, hasta aquí- asciende a 10.000 millones de pesos que significan la mitad del superávit de este año o 10% del Presupuesto nacional • Pero es probable que les paguen una parte o todo con bonos que irían a un millón de jubilados • El gobierno despilfarró demasiada plata en subsidios como para que le quede «caja» para estas tan altas erogaciones • Además, quiere que no se le caiga la construcción y tratar de que haya más propietarios o viviendas en alquiler. Kirchner hace los anuncios de facilidades fiscales, o sea menos impuestos para construir como incentivo, y créditos hipotecarios para personas que podrían ser -hoy se sabrá- a tasa normal y aval a bancos para que los concedan y la posibilidad de que el alquiler sea a cuenta de compra futura (leasing y alguna otra variante) • El gobierno sigue creyendo que la construcción acelera la economía y baja el desempleo, algo real en el arranque del ciclo económico, pero luego hay que esperar que la demanda absorba tanta oferta. Mientras tanto, deben surgir inversiones en otros sectores, que es lo que no consigue esta administración, sobre todo a partir de una política vigente de precios congelados y exageraciones en derechos laborales que debilitan a muchas empresas, sobre todo las no vinculadas a exportaciones.

Néstor Kirchner

El Senado avanzará hoy en la sanción de un proyecto que modifica la Ley de Solidaridad Previsional para obligar al Estado a pagar en un plazo no mayor de 120 días a los jubilados. Hasta ahora esas liquidaciones se regían por el tope que Domingo Cavallo hizo introducir en esa ley, por el que sólo se abonaban las sentencias adversas al Estado por reajustes previsionales hasta el monto que tuviera disponible la ANSeS o el que se fijara en el Presupuesto Nacional de cada año. Agotadas esas partidas, los jubiladosacreedores debían esperar al año siguiente por su turno. Ahora, al tiempo que se limita la apelación de las sentencias a la Corte Suprema -un proceso que la Ley de Solidaridad Previsional estableció como automático en marzo de 1995 para limitar el pago de sentencias-, la nueva ley deroga el artículo 22 de esa norma estableciendo que:   

«Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social serán cumplidas dentro del plazo de 120 días, contado a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente.»

El artículo-tapón anterior introducido por Cavallo en esa ley establecía que se pagarían esas sentencias « hasta el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados a ello para el año fiscal en el que venciera dicho plazo. Agotados dichos recursos, se suspenderá el cumplimiento de aquellas sentencias pendientes de pago».

Eliminaciones

La ley que votarán los senadores hoy elimina también otros artículos de esa norma, como el que habilitaba a la ANSeS a presentar como defensa para evitar el pago ante un fallo judicial por reajuste de haberes la falta de recursos en el Régimen de Reparto para atender esa sentencia. Ese argumento servía hasta ahora para demorar el pago.

También se eliminará la habilitación a la Corte Suprema para rechazar in limine casos por reajustes de haberes jubilatorios cuando ya hubiera fallado en casos similares reiteradas veces.

Toda esta reforma significa que el Estado tendrá desde ahora que afrontar el pago de sentencias de la Cámara de Seguridad Social por ajustes de haberes y otras diferencias en la liquidación de jubilaciones, ordenando sin más dilación que el plazo de 120 días que se hagan efectivos esos abonos. Se terminará, además, el fárrago de causas que llegan a la Corte Suprema por la apelación automática de esas sentencias adversas al Estado en las cámaras, aunque de hecho el máximo tribunal ya había declarado en mayo de 2005 que ese procedimiento era inconstitucional.

Esa idea de 1995 para frenar, en parte, el déficit del sistema de reparto por las miles de sentencias a favor de los jubilados por reajustes tuvieron, inclusive, repercusión en organismos internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había calificado de «violatorios» los artículos de la ley que trababan y dilataban el pago de las sentencias judiciales que ahora se derogarán.

Movilidad

La votación de hoy en el Senado se suma al debate que se da dentro del Congreso y en el Poder Ejecutivo por el reciente fallo de la Corte que obliga al Parlamento a garantizar la movilidad de las jubilaciones -en especial en este caso, las superiores a $ 1.000- por estar incluido en la Ley de Solidaridad Previsional que esos incrementos se articularían mediante las partidas incluidas en el Presupuesto Nacional.

Ayer, el radicalismo del Senado plasmó en un proyecto de ley la «instrucción» que dio la Corte Suprema.

«Debemos salir cuanto antes de la lógica de la solidaridad previsional o, mejor dicho, de la insolidaridad previsional de la Ley 24.241, y volver a la vieja ley de jubilaciones. Los haberes no pueden estar sujetos a la aprobación en el Presupuesto por los créditos anuales, dijo el radical Gerardo Morales. El proyecto complica al gobierno no sólo porque avanza en los aumentos cuando todavía es imposible definir cómo se financiarán, sino porque se suma a la evaluación que hizo la UCR ayer estableciendo que el incremento en las jubilaciones de acuerdo con la evaluación efectuada por la Corte no debería ser menor que 50%. El oficialismo deberá ahora negarsepúblicamente a ese porcentaje, al mismo tiempo que se sabe que cualquier aumento que se otorgue tendrá como piso un costo de $ 4.500 millones.

Ese proyecto establece una garantía a la movilidad de los haberes, pone un límite a la retroactividad de esas jubilaciones a actualizar -otro de los grandes problemas que tiene que resolver el gobierno-, ajusta los haberes dos veces por año por el Indice Nacional General de Remuneraciones y establece la libre opción para que el trabajador que ingrese quede en el sistema de reparto si no opta por pasar al régimen de capitalización.

R.R.