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Con la firma de Humberto Roggero, Graciela Camaño, Carlos Brown, Manuel Baladrón y Juan Manuel Urtubey, el peronismo presentó un proyecto que, enmascarado bajo un plan de promoción a las PyMEs, crea un impuesto de 5% sobre el monto de toda deuda de empresas pesificada y que supere los u$s 3.000.000.
El proyecto crea un fondo nacional de desarrollo productivo que estará compuesto de:
• Una contribución obligatoria a realizar por las empresas cuyas deudas sean superiores a los tres millones de dólares estadounidenses a la fecha de la pesificación estipulada mediante el Decreto 214/02 del Poder Ejecutivo. La misma tendrá carácter extraordinario y surgirá de la aplicación de 5% sobre el monto de la deuda.
• Los aportes del gobierno nacional, organismos internacionales o extranjeros, entidades públicas y privadas, donaciones y legados.
La historia del proyecto comenzó con una reunión el lunes por la noche entre diputados del PJ y Duhalde, donde los legisladores atacaron el decreto de pesificación insinuando, inclusive, maniobras poco claras en su tramitación. La idea fue gravar a las grandes empresas que licuaron sus pasivos con la pesificación a través de un impuesto que tiene la excusa de promocionar a las PyMEs.
Hace una semana los diputados presentaron otro proyecto que limita la pesificación a u$s 1 millón para todas las deudas de empresas, argumentando que las grandes empresas son en la mayoría de los casos deudoras netas de impuestos al Estado.
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