Esta afirmación tiene varios aspectos por lo menos llamativos:
• Las empresas de servicios públicos esenciales como luz, gas y agua tienen contratos por varias decenas de años, con lo cual la compensación por esa vía es prácticamente imposible. Por ejemplo, a las eléctricas como Edenor, Edesur y Edelap les quedan 85 años de concesión.
• El gobierno probablemente podría resolver un aumento de tarifas considerando la suba de costos por la devaluación vía un decreto de necesidad y urgencia. Pero, si se propone abrir los contratos para estirar los plazos o modificar inversiones obligatorias,
• Además de los aumentos a las privatizadas, están pendientes una suba del gas en boca de pozo, que venden las petroleras, que debe aplicarse con retroactividad al 1 de este mes, ya que sólo se fijó el precio para mayo y junio, y un aumento en el precio mayorista de la electricidad a partir del 1 de agosto, cuando corresponde por ley la revisión trimestral de ese valor.
• Esto significa que las subas en esos dos servicios serían mayores a los porcentajes de 2% a 10% que dejaron trascender allegados a la comisión renegociadora, que por ahora tiene un solo integrante nombrado,
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