Estrategia equivocada

Con posterioridad a la declaración de default, la postura oficial consistió en una inconveniente demora y desatención de los acreedores impagos, combinada con declaraciones que revelan falta de claridad respecto de los objetivos y posibilidades de la renegociación de la deuda, cuando no objetivos claramente desacertados.

Miembros del gobierno han insistido en que la renegociación de la deuda debe involucrar fuertes pérdidas de valor presente (quitas) para los tenedores. También se han lamentado de no haber concretado la renegociación en los peores momentos de la crisis, cuando creen que podían obtenerse los términos más convenientes para la Argentina, léase los peores para los acreedores impagos. Más recientemente, han afirmado que la Argentina pudo vivir con el default -no queda claro si implicando que podría seguir haciéndolo- y de que el país no tomará más endeudamiento. Finalmente, han expresado que, en definitiva, es mejor que el Estado no tenga acceso a los mercados, ya que de ese modo no se endeuda (aunque no parece ser ése el caso si se considera la nueva deuda colocada durante 2002 y 2003).

Si estas declaraciones representan efectivamente la posición oficial, ésta es miope y equivocada. En la amenaza de fuertes pérdidas para los acreedores, el gobierno parece prepararse antes para una negociación sobre reparaciones de guerra que para una negociación acerca de cómo devuelve el soberano los fondos que voluntariamente fueron tomados de los mercados en el pasado.

Con su posición, el gobierno se sumerge en un autismo financiero sin considerar que una renegociación exitosa de la deuda significa arribar a un arreglo consensuado, algo muy alejado de una imposición de términos por parte de la Argentina. No existe renegociación posible de la deuda si no termina en una aceptación voluntaria y masiva de la propuesta argentina por parte de los acreedores impagos.

En ningún momento se ha escuchado de nuestros funcionarios el objetivo de recuperar el activo nacional que para cualquier país representa la calidad y forma en que es calificado el crédito público, base sobre la que se erige toda la estructura de financiamiento doméstico e internacional para el sector privado mismo, ni el objetivo de que el Estado argentino vuelva a tener acceso voluntario a los mercados. ¿Hay que suponer, entonces, que la recuperación del crédito público y el acceso a los mercados no tienen ninguna ponderación, para el gobierno, en las condiciones de refinanciación de la deuda pública?

Si el gobierno procede bajo esos supuestos, cometería un doble error. Para las calificadoras internacionales de riesgo sólo con excepciones un emisor privado de deuda puede tener una calificación superior a la del soberano («cláusula de techo soberano»), con la implicancia de que si no se recupera la calidad del crédito público de la Argentina no habrá muchas esperanzas de que el sector privado cuente con financiamiento adecuado para alcanzar niveles internacionales de competitividad.