«A todas menos a dos. Especialmente a una.» Una alta fuente del gobierno describió así adónde apuntan las fiscalizaciones que desde el Ejecutivo y la Justicia se están realizando contra las AFJP, a partir de los movimientos y operaciones que estas compañías habrían efectuado entre el lunes 20 y el martes 21 de octubre. Esto es, un día después de haberse conocido la noticia de la intención del kirchnerismo de estatizar el régimen jubilatorio privado y unas horas antes de que la noticia se oficialice en el acto del estacionamiento de la ANSeS.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Según los datos que se manejan en la Casa Rosada, sólo dos administradoras estarían fuera de sospecha, mientras que la mayoría sería pasible de investigación a partir de las ventas que hicieron de bonos, títulos públicos y compra de dólares, en dos jornadas donde los mercados locales se desplomaron. Para el gobierno, más concretamente para los residentes de Olivos, hay una administradora (de capitales extranjeros europeos) especialmente comprometida. Habría además otras dos que habrían imitado esos movimientos.
Las investigaciones y fiscalizaciones oficiales serían dobles. Por un lado, la Justicia ayer avanzó directamente en la intervención virtual de las 10 administradoras. Por el otro, desde el Ejecutivo también hay un control particular y en paralelo al que ordenó ayer el juez federal Claudio Bonadío.
Este magistrado, que parte de una denuncia realizada por el fiscal Guillermo Marijuan, dispuso en el marco de una investigación por supuesto fraude, presentada por el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES) que maneja Marijuan, que se audite a las 10 compañías que están operativas.
Bonadío también requirió a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que realice un informe de gestión de las diez administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Apenas se conoció el proyecto oficial para reformar el sistema previsional, el juez había dictado una medida cautelar para que las AFJP no pudieras operar en Bolsa, determinación que duró hasta el lunes. No obstante, tras disponer el levantamiento de la medida cautelar, el magistrado determinó que las empresas deberán ser auditadas por la Superintendencia de AFJP cada vez que operen en Bolsa o en el mercado financiero o de capitales.
Bonadío pidió que el personal que destaque el decano del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, «para efectuar las auditorías» en las AFJP, se expida sobre la «razonabilidad y eficiencia de los sistemas de control» que tiene la Superintendencia que maneja-Sergio Chodos sobre esas administradoras.
En cuanto al informe que solicitó a la SIGEN, según transcendió, el juez se basó en « ciertas inconsistencias» sobre la documentación secuestrada en los allanamientos que se realizaron la semana pasada en las empresas.
Documentación
También solicitó a la Sindicatura General de la Nación que brinde informes sobre la documentación entregada en los últimos dos años por la Superintendencia de AFJP.
Las fuentes indicaron que existe la posibilidad de que el magistrado cite como testigos a algunos responsables de las administradoras.
No es la única investigación que pesa hoy sobre las empresas. Desde el lunes, Chodos ordenó que las AFJP tienen que enviarle a su despacho los listados pormenorizados de las operaciones realizadas, las compras y ventas y los horarios de concreción. El funcionario quiere chequear luego la información con los movimientos realizados en el mercado de capitales, para determinar que haya coherencia en la información girada a la Superintendencia y las operaciones registradas. Para esto, Chodos tiene en cada administradora (pero especialmente en cinco), fiscalizadores dedicados a controlar sus movimientos financieros y que se cumpla la pauta verbal que el titular de la ANSeS, Amado Boudou, les hizo el lunes pasado. Esto es, que no compren dólares, que no vendan acciones, que no haya ventas de títulos públicos y que renueven automáticamente los plazos fijos a medida que vayan venciendo. Los delegados de Chodos quieren además fortalecer los controles desde la semana próxima, porque suponen que la llegada de fondos desde los trabajadores a las administradoras aumentará a partir de las liquidaciones de los salarios de octubre.
Dejá tu comentario