Los cerca de u$s 2.000 millones que las AFJP mantienen en el exterior permanecerán congelados por decisión del juez Thomas Griesa. El problema que enfrenta el gobierno es que le resultará mucho más complicado todavía conseguir la liberación de estos activos cuando se transforme en ley la reforma previsional, que implica el fin de los fondos de pensión.
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Tal como se esperaba, el magistrado neoyorquino se mostró completamente intransigente en la audiencia realizada el viernes en su juzgado de Nueva York. Allí confluyeron los abogados de los fondos de inversión Aurelius y Elliot, que fueron los que habían reclamado el embargo de los activos que las AFJP poseen en el exterior. Del otro lado estuvieron los abogados de las administradoras y también de la ANSeS. Estos últimos ya anunciaron que apelarán la decisión de Griesa en los próximos días
La postura de quienes pidieron la inhibición de los activos ya era conocida y fue mantenida durante la audiencia del viernes. Consistió en indiciar que los fondos que las AFJP mantienen en activos internacionales pertenecerán al gobierno argentino una vez que se apruebe la reestatización de las jubilaciones. Por lo tanto, corresponde el embargo de los mismos para permitir que los acreedores que posean bonos en default puedan cobrar.
Los abogados oficiales, por su parte, buscaron convencer a Griesa de que la ANSeS es un ente autárquico, separado del gobierno nacional y con sus propios reglamentos. De esta forma, van preparando el terreno para lo que será la discusión una vez que la totalidad de los activos de las AFJP pasen por ley a la ANSeS, según lo dispone el proyecto que tratará este jueves el Senado. «Su señoría, cuando el dinero sea transferido de los fondos de pensión a la ANSeS será propiedad de la República Argentina», argumentaron los abogados de los denominados fondos buitre.
Mientras el juez define el destino final de los activos de las AFJP en el exterior (es decir si se mantienen embargados o se liberan), las partes llevarán adelante el proceso denominado «discovery». Esto significa que deberán detallar cuál es el contenido de los activos que permanecieron congelados para que la justicia neoyorquina pueda definir con mayores elementos.
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