La UIF actúa ante denuncias de las propias entidades financieras por operaciones sospechadas de lavado y en la actualidad puede requerir información de clientes a bancos, sociedades de Bolsa, agentes de cambio y hasta casinos, pero levantando el secreto bancario y bursátil siempre previa autorización del juez a cargo de la causa.
Cuando el proyecto original se votó en Diputados no hubo acuerdo en un punto que suele ser complicado en todos los países donde se lo debate:
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