El Instituto de Finanzas Internacionales advirtió que la credibilidad del proyecto que ya tiene media sanción en Diputados dependerá de la disciplina fiscal, una implementación consistente y el respaldo político a través de las administraciones venideras.
Uno de los aspectos destacados por el informe es la redefinición del mandato del BCRA.
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) analizó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) impulsada por el Gobierno y que ya con media sanción en la Cámara de Diputados. Concluyó que, de aprobarse, la Argentina pasaría de ser una excepción regional a ubicarse entre los marcos regulatorios más restrictivos de América Latina para bancos centrales.
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En términos generales, el IIF sostuvo que los cambios buscan "fortalecer las bases legales de la estrategia de desinflación del país". De todas maneras, señalaron que "la prueba definitiva será política, no legal".
Y ahondó: "La aprobación sería una señal contundente, pero una inflación baja y sostenible seguirá requiriendo disciplina fiscal, una implementación creíble y un compromiso sostenido a través de distintas administraciones".
El proyecto establecería como misión primaria y fundamental del BCRA preservar el valor de la moneda, prohibiría los préstamos directos al sector público y las compras de títulos en el mercado primario, y endurecería las reglas de gobernanza y de transferencia de utilidades.
Uno de los aspectos destacados por el informe es la redefinición del mandato del BCRA. En ese contexto, el IIF consideró que una misión más acotada podría clarificar las responsabilidades del BCRA y fortalecer su credibilidad.
Señaló también que la mayoría de los bancos centrales de América Latina tiene como prioridad la estabilidad de precios, aunque con distintos objetivos adicionales según el país.
Por ejemplo, explicaron que Perú concentra su mandato en preservar la estabilidad monetaria. Chile contempla la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. México apunta a proteger el poder adquisitivo y promover sistemas financieros sólidos.
Brasil establece la estabilidad de precios como objetivo fundamental y agrega metas secundarias como la moderación de las fluctuaciones económicas y el pleno empleo. Colombia exige preservar el poder adquisitivo en coordinación con las políticas económica, monetaria, crediticia y cambiaria.
En materia de financiamiento al Gobierno, la reforma argentina se alinearía con la tendencia regional hacia una mayor independencia de los bancos centrales. Los principales países de la región restringen o prohíben el financiamiento directo al Tesoro, aunque con diferencias en cuanto a las excepciones permitidas.
Chile y Brasil flexibilizaron sus marcos durante la pandemia para habilitar compras de títulos en el mercado secundario bajo condiciones específicas. Colombia admite operaciones en el mercado secundario y préstamos al Gobierno en circunstancias excepcionales, con aprobación unánime del directorio.
México permite un crédito temporal y estrictamente acotado al Gobierno federal a través de la cuenta corriente del Tesoro. Perú, con una de las prohibiciones más estrictas de la región, prohibe por Constitución el financiamiento al Tesoro, aunque permite compras limitadas en el mercado secundario.
El informe también analizó la independencia de los miembros del directorio del BCRA. Los principales bancos centrales de la región cuentan con mandatos de duración determinada y causales específicas para la remoción de sus autoridades.
El IIF considera que la propuesta argentina —al precisar las causales de remoción y exigir una mayoría de dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara— representaría un fortalecimiento significativo de la protección frente a destituciones arbitrarias.
Sin embargo, el organismo introduce una advertencia: la independencia institucional podría seguir siendo incompleta mientras los miembros temporales del directorio designados en comisión puedan permanecer en sus cargos sin confirmación del Senado y sin un límite temporal efectivo establecido por ley.