Lavagna desafía a De Vido y lanza propuesta por tarifas

Según trascendidos confiables, la unidad renegociadora de contratos junto con funcionarios de la Secretaría de Energía y de los Ministerios de Planificación y Economía, planteará hoy a las gasíferas:

• El acuerdo entre el Estado y la concesionaria debe estar adaptado al nuevo contexto macroeconómico.

• El objetivo central es garantizar la prestación del servicio y su recomposición en el mediano plazo, y en segundo lugar abordar los problemas de las prestadoras.

• Si las empresas insisten en pedir un retroactivo en las tarifas (por los aumentos que no tuvieron desde que se dictó la ley de emergencia, en enero de 2002) se generaría un obstáculo en la renegociación, porque ese retroactivo conspiraría contra el crecimiento económico.

• En la etapa de negociación, las partes tendrán que «compatibilizar» conceptos y metodologías para evaluar: costos operativos, inversiones, base de capital y rentabilidad.

• También se propone en esa etapa redefinir de común acuerdo un nuevo régimen de calidad del servicio y penalizaciones, lo que implica modificar las leyes de marco regulatorio de gas y electricidad y los decretos reglamentarios.

• Asimismo, se pedirá la participación de las empresas en «un régimen de servicio público de interés social» (lo que hasta ahora se denomina tarifa social para los sectores de menores recursos para lo cual las compañías deberían realizar un aporte).

• Se definirá un sendero de adecuación de tarifas a mediano plazo.

• Se postergarán dejando bajo un «paraguas» los temas de difícil resolución en la actual situación económica (puede ser que esto aluda al endeudamiento externo).

• Se iniciarán en forma simultánea las negociaciones para un acuerdo parcial y otro integral sobre el contrato de concesión.

• El acuerdo parcial habilitaría en forma rápida un aumento moderado de tarifas a cambio de contraprestaciones por parte de las empresas: inversiones a realizar durante 2004 y renuncia a seguir litigando en el CIADI, el tribunal arbitral que depende del Banco Mundial donde se resuelven las controversias por los tratados bilaterales de protección recíproca de las inversiones.