Después de dos años y medio de la salida de la convertibilidad y cuando la nueva Corte Suprema está a punto de emitir un fallo que convalida la pesificación, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial dictó una sentencia en la que declara inconstitucional la Ley 25.820, que benefició a los deudores morosos no bancarios en dólares. Por normas como éstas, grupos económicos como el monopolio «Clarín» lograron licuar deudas y trasladar riesgos que terminaron siendo financiados por los acreedores. Podría interpretarse que la decisión de los camaristas es un intento de salvar apariencias, porque, en definitiva, la última palabra en este caso la tendrá el máximo tribunal. Los nuevos jueces supremos, que responden a Kirchner, y también los viejos integrantes de la Corte están convencidos de que suena utópico volver a la dolarización en un país que aún está en default. Precisamente en la Justicia comienza a imponerse el criterio de que la Corte no debe entrometerse en decisiones de política económica que tengan repercusión nacional.
En la resolución que adoptó la Sala Integrada, los camaristas Al analizar la causa «Alpesca SA c/ Alvarez Fernando Luis s/Ejecutivo», los jueces sostienen que en el caso -donde es evidente que las partes no han arribado a acuerdo alguno- «la única solución que se presenta como equitativa es disponer que el obligado en dólares pague su deuda en dólares -o en pesos a cotización de mercado- pues
La Ley 25.820 establece que las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al
Sin embargo, en el examen de esta norma (en especial del artículo 3) los camaristas aseguran que es violatoria de los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional, porque
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