De esta manera queda ya definitivamente reglamentado este aumento en los costos de las empresas, decisión que fue tomada por el Congreso Nacional y que durante varias semanas se especulaba que podría ser vetada por el presidente Duhalde.
La medida apareció en el artículo 80 de la ley de presupuesto nacional, por la cual se determinó que los aportes de los empleadores para las obras sociales se incrementaba de 5 a 6%.
En ese texto no se mencionaba el mes en que la medida debía comenzar a regir, lo que aparentemente fue acelerado al máximo por el Poder Ejecutivo.
Con esta norma, el gobierno quiere destinar, como mínimo, unos 300 millones de pesos en lo que resta de 2002, para cubrir el recurrente déficit de las obras sociales; un rubro que permanentemente puebla los listados de quebrantos por sus crónicas deudas.
No fue ésta la única resolución general dictada ayer por la AFIP.
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