¿Cómo oponerse -y si se opone, cómo ser un ciudadano ético que respeta el principio de justicia- si tres hombres que secuestraron a un empresario metalúrgico que vivía a 10 cuadras de su domicilio, lo mantuvieron en un campo, pidieron un rescate a la familia, que no cobraron, y terminaron matándolo porque como vecino, obvio, los iba a reconocer si lo liberaban? Porque desde el punto de vista de estricta técnica jurídica, insisten con vehemencia los jueces que dispusieron la medida, correspondía la libertad. Claro, para entender esta «estricta técnica jurídica» hay que tener en cuenta que el Congreso argentino en el pasado adhirió al Pacto de San José de Costa Rica, que impone libertad del acusado con más de 3 años sin sentencia. No pudieron prever los redactores de aquel pacto un país como la Argentina, con tribunales desbordados de expedientes hasta poner, por el peso, en peligro la estabilidad de los edificios donde funcionan. Es fácil decir «como sea la liberación es inoportuna». Ciertamente lo es en esta dramática encrucijada de la seguridad física de los ciudadanos en la Argentina. Pero si la ley puede ser condicionada a las circunstancias, todos los ciudadanos entramos en otra inseguridad, sobre la libertad. Pero también recordemos a William Faulkner cuando cuestionó la escala de valores entre el drama de un individuo y el del conjunto social sin la respuesta rápida que podría pensar alguno. ¿Qué pudo pasar ayer por la cabeza de los familiares del asesinado, cuando les informaron que el vecino que mató al jefe del hogar estaba de nuevo tranquilamente a 10 cuadras jugando con sus hijos? No caigamos en ese periodismo fácil, sobre todo el televisivo, que condena o absuelve con la velocidad ineludible que sólo cabe a un árbitro de fútbol. Pero meditemos.
La Fiscalía General de Morón presentó ayer un recurso judicial para que queden sin efecto las libertades otorgadas por la Sala I de la Cámara de Casación de Morón. En el recurso que firma el fiscal general
La historia del polémico caso empezó el 10 de mayo de 1996 cuando secuestraron al metalúrgico Peralta de su casa de Caseros, partido bonaerense de Tres de Febrero. Tras varios pedidos de rescate,
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