En la carta de intención acordada en agosto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno comprometió promover este año una reforma impositiva, que reduzca el número de impuestos y mejore la eficiencia de la Dirección General Impositiva (DGI). El Partido Nacional, socio del Partido Colorado en la coalición de gobierno, conformó ayer un grupo de trabajo para comenzar a estudiar la reforma del sistema tributario en el Uruguay.
Algunos sectores nacionalistas impulsan la aplicación de un impuesto a la renta personal o impuesto a los ingresos, ya que entienden debe existir mayor justicia en la distribución de la carga impositiva del Estado.
El presidente del directorio nacionalista,
En Uruguay, vigente desde 1982, existe un Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) que a través de los años ha venido sufriendo variantes de importancia en sus tasas y alcance y que grava a los salarios y pasividades de acuerdo con escalas.
De acuerdo con las modificaciones aprobadas en mayo de este año, están exentos de este impuesto los salarios públicos y privados hasta tres salarios mínimos (unos u$s 40 mensuales). La franja entre tres y seis salarios mínimos está gravada con una tasa de 2% y se continúa con una escala que llega a 20% para los salarios superiores a 35 salarios mínimos (unos u$s 1.350 mensuales).
Este impuesto se recauda por parte del Banco de Previsión Social -organismo que en Uruguay maneja todos los ingresos y egresos de la seguridad social, salvo algunas excepciones, como bancarios, policías, militares y profesionales universitarios- junto con los aportes obreros y patronales para la jubilación y los seguros de salud.
Un impuesto a las rentas o ingresos personales, que alcance a otros rubros más allá de salarios o pasividades, ha sido promovido tradicionalmente por sectores del izquierdista Frente Amplio y no recogía apoyo de los partidos tradicionales.
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