Néstor Kirchner le pidió ayer al Congreso que renueve la declaración de Emergencia Pública y, al mismo tiempo, aumente sus poderes para salir de esa situación. Se lo faculta a «adoptar las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de la situación de emergencia pública». Es una fórmula nueva que utiliza el Presidente no sólo para acumular poder. Necesita mantenerla declaración de emergencia también para mostrar al exterior que el país no ha salido de la crisis y evitar así que jueces habiliten reclamos de acreedores. Hoy el Congreso hará una clara demostración de la obediencia ciega al Poder Ejecutivo. Iniciará una maratón de 48 horas para aprobar el Presupuesto nacional 2006, la prórroga de impuestos, el decreto que modifica la Ley de Convertibilidad y la renovación por un año de la Emergencia Pública, entre otros proyectos. En esa línea, ayer los senadores dieron otra muestra de poca seriedad en su proceder: en 10 minutos emitieron los dictámenes de todos esos proyectos, sin debatirlos ni explicar la ausencia de funcionarios que debían informar.
Esa facultad había sido pedida en un proyecto que iba a votarse hoy en Diputados y que ahora queda incluido en la prórroga general de la Ley de Emergencia Pública, la 25.561.
La ley que entró en el Senado -y que recibió dictamen de inmediato en la Comisión de Presupuesto y Hacienda (ver nota aparte)-, tiene, en realidad, el sentido de atender otra emergencia, que nada tiene que ver con la económica, que por otra parte se pensaba superada.
Al apetito del Ejecutivo por tener cada día más facultades se suma así la necesidad
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