Testigo y partícipe, culpable, denunciante

Falanga fue el apoderado personal de Héctor Greco entre-1974 y 1980. Por su función dentro de las empresas del grupo, fue condenado, al igual que los hermanos Héctor y José Greco y Jorge Bassil, por los delitos de monopolio y subversión económica. Estuvo preso e inhibido. Dice que los Greco lo traicionaron y que la vinculación política de estos empresarios con los diferentes gobiernos desde la intervención de las empresas en 1980 hasta hoy, les permitirá cobrar finalmente a sus herederos.

Este contador explica el caso con vehemencia y parcialidad, dada su intervención; sin embargo, ilustra un proceso que, a casi 30 años de comenzar, sigue impactando en lo más alto del gobierno nacional. Así explicó Angel Falanga su versión del caso a este diario:

Periodista: En su libro «Veinte años... un día, el caso Greco, la otra parte de la verdad» habla de traición de los accionistas del grupo. ¿Por qué?

Angel Falanga: Los Greco y Bassil declararon contra mí ante la Justicia, entre otras cosas, y después me traicionaron no reconociendo nada de lo que hice. Permitieron que la Justicia me condene explicando que yo era el ideólogo de todas las maniobras. El libro es una catarsis de mi vida a lo largo de 27 años, aunque cuando lo escribí habían pasado sólo 20 años, ya van siete más y todavía todo sigue igual para mí. Por ello estoy peleando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en agosto de 2004 dio plazo (90 días) al gobierno argentino para que interviniera en mi caso.

P.: ¿Por qué se lo condenó en relación con este caso?

A.F.: Fui condenado por la ley de monopolio, derogada en el año 1981 (no se me quiso dar el beneficio de la ley más benigna; así lo dice la sentencia), y sigo bajo el poder de la Justicia por una condena de otra ley derogada, la 20.840 (de subversión económica). Mi esposa y mis dos hijos sufrieron a lo largo de estos años el hecho de que su padre haya pertenecido al grupo, el haber estado prófugo, las cárceles que me tocó vivir y la falta de libertad total a lo largo de casi 27 años .

P.: ¿Cómo resultó involucrado personalmente?

A.F.: El juicio de los Greco contra el Estado nacional comienza con la presentación, en mayo de 1980, de una consolidación patrimonial de las empresas y bienes del grupo económico, que hice yo personalmente, en mi estado de prófugo de la Justicia (en el estudio del Dr. Juan Pirolo). Mi función dentro del Grupo era ser apoderado personal de Héctor Greco. Sí, es verdad que era el oído de él y le ayudaba a pensar; también es cierto que mi edad cuando se destruyó el conjunto económico era de 33 años ( demasiado pocos para lo que se estaba conformando). La Justicia indicó que yo era uno de los cuatro principales (los otros eran Héctor y José Greco y Jorge Bassil); por ello me dictaron la condena dolosa, motivo por el cual estaba capacitado (por lo menos prácticamente) en el conocimiento del estado real de las empresas y, además, de las tramoyas de políticos, gobernantes y empresarios.

TODOS FUERON RESPONSABLES

P.: ¿A pesar de la traición de la que habla, cree que se debe abonar a los herederos del grupo?

A.F.: Todo tiene un respaldo jurídico. Las empresas que se entregaron por el convenio de agosto de 1987, avalado por tres decretos presidenciales, legitiman, en definitiva, el arreglo. Nunca se les entregaron a los Greco-Bassil esas empresas, por lo que se les inició el juicio que culminó en diciembre de 2001, obviamente a favor de los que no recibieron lo acordado. Lo que sucedió es que las empresas ya no estaban, el Estado nacional fue vendiendo una a una las propiedades y cobrando el dinero respectivo, guardándoselo. Entiendo que algún día se deberá cancelar lo acordado, es imposible entregarles las empresas ya que no existen o bien están en poder de otras personas o sociedades.

P.: ¿El monto calculado es correcto?

A.F.: Sé que es mucho dinero, pero es un una evaluación que hacen los peritos sobre las empresas más el lucro cesante de 20 años.

P.: ¿Quién es responsable de que a casi 30 años este tema siga discutiéndose y trayendo internas políticas?

A.F.: Todos los gobiernos y sus funcionarios son responsables por lo que ha sucedido, a partir del año 1987, cuando se firma el convenio, por acción o inacción. Massera, Alfonsín, Menem, De la Rúa, todos tuvieron que ver.

P.: ¿Hoy se dice que no se evaluaron las deudas que tenía el grupo para calcular el pago?

A.F.: El grupo dejó de tener pasivos desde la compensación de deudas y créditos acordada en 1987, por ello no sé de dónde sale la deuda esgrimida contra el grupo, si no operó con las empresas desde abril de 1980.

P.: ¿Cuál es su opinión sobre los Greco?

A.F.: Los Greco (salvo Héctor) no son buenas personas por muchos motivos. Entregaron y van a cobrar lo que les pertenece de la compañía Tractoreste, dejando de lado a los trabajadores que tenían un porcentaje mayor. Como éstos no iniciaron acción judicial, perdieron todo. Lo mismo con Transformadores Mendoza. Las acciones de Arizu se habían comprado con crédito a mi cuenta, por lo que estuve inhibido durante años cuando éste se ejecutó por medio del banco. Las acciones estaban a mi nombre en el ex Banco de Londres (Mendoza); ellos las retiraron y las entregaron en el convenio sin mi autorización. Es cierto que no me correspondían, pero por eso me condenaron. Además, cuando hice la consolidación patrimonial, ellos nunca me reconocieron el trabajo. Y me negaron en el Ministerio de Economía como parte del grupo.

TAMBIEN LOS INDULTOS

P.: Ese punto es el más contradictorio de su relato. Si su función era tan importante en el grupo y por eso considera que debe ser resarcido, ¿por qué ve injustificada su condena?

A.F.: Ellos dicen en contradicción de la sentencia firme que mi función iba más allá de lo profesional porque tenía intereses económicos. Si no era empleado, para la Justicia era socio. Por ello me condenó y todavía (hasta 2014) tengo las consecuencias, que ellos no tuvieron.

P.: ¿Cómo logró Bassil el indulto?

A.F.: Bueno, fue indultado en 1990 por el presidente Carlos Menem. Qué hubo de por medio, sólo ellos lo saben. Acá sí cabe la frase de la época nefasta «por algo habrá sido». Yo le pedí el indulto también a Fernando de la Rúa, pero me lo negó.

P.: ¿Cuál es su situación actual?

A.F.: Mi caso está en la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), donde informé que me parecía un despropósito que a los Greco-Bassil le pagaran los 600 millones y a mí no me dieran solución. Sin calificar si está bien o no el monto mencionado. La CIDH notificó en agosto 2004, por noventadías, sobre mi tema para que me dieran una solución.

P.: ¿Sigue en contacto con socios del grupo o con sus herederos?

A.F.: No. Héctor murió hace mucho en un accidente. Bassil vivió siempre en Buenos Aires, hasta que murió. Hoy hay cinco herederos, entre los que están tres viudas, pero no tengo relación con ninguno. A pesar de los problemas, todos ellos siguieron teniendo un muy buen pasar. Tienen campos, empresas, fincas, viven de rentas.

P.: ¿Cómo es el caso Catena que usted involucra en el caso Greco?

A.F.: Es un tema que nadie quieretocar (salvo Ambito Financiero, allá por los 90). Yo en forma personal le pagué a Domingo Nicolás Catena en Montevideo (Banco de Montevideo) u$s 54.750.000 por la compra de las empresas. Ese dinero nunca lo devolvió y yo le inicié un juicio en la Justicia Federal de Mendoza. Luego me enviaron a instancia de la demandada (familia Catena) al juzgado donde se tramitaba la quiebra del grupo; allí lo perdí por caducidad de instancia. Es decir, porque no pude pagar la tasa de justicia de u$s 1.500.000, aproximadamente, y no me dejaron litigar sin gasto. Ese tema lo planteé alguna vez en el Juzgado Federal de Mendoza, haciendo hincapié en que la Justicia me ayudara a que los Catena-Varo entregaran los fondos de que se apoderaron, y, consecuentemente, integrarlos al activo del grupo. Obviamente, ganaron los intereses; una vez más pudieron ante lo justo: Catena cobró u$s 109 millones y, además, se quedó con las empresas. En el juicio contra Catena de ellos hicieron una nota informando al Juzgado que casi no me conocían, y que no tenía participación alguna en los negocios societarios. Fuimos el Dr. Sar Sar y yo quienes hicimos el negocio junto con Catena y Varo. Es más, así está en el expediente judicial; sólo yo firmé todos los instrumentos que dieron origen a la compra, además de pagarle a Catena. Contra mí se actuó con discriminación y fanatismo como para llevarme nuevamente a prisión.