Buitres: Macri no pedirá en Davos apoyo a Obama

• SEGÚN LA ESTRATEGIA OFICIAL, PEDIRLE AL EJECUTIVO DE EE.UU. QUE PRESIONE A LA JUSTICIA DE ESE PAÍS FUE CONTRAPRODUCENTE

Susana Malcorra y John Kerry

Mauricio Macri no le pedirá, ni oficial ni extraoficialmente, ayuda al Gobierno de Barack Obama para acelerar una acuerdo con los fondos buitre. En el encuentro que el jefe de Estado argentino mantendrá en la cumbre de Davos con el vicepresidente, Joe Biden, y el secretario de Estado, John Kerry, el tema sólo será mencionado explicando la voluntad de la Argentina de negociar y llegar a un acuerdo lo más rápido posible, y comentando las dificultades que hay para que haya un final feliz rápidamente por el "altísimo costo, injustas condiciones y la irreductibilidad de los abogados de los acreedores por aceptar una acuerdo normal entre las partes", según comentó este diario una fuente que estará presente en la ciudad suiza. El comentario de Macri a Biden y Kerry vendrá a cuenta de las explicaciones que el argentino les dará a los dos norteamericanos, sobre la intención del país de volver al mercado financiero internacional, y convertirse en "un actor serio" en el mundo económico. Más allá de esto, asegura la fuente, "desmienta que vaya a haber algún pedido formal para que Obama se mueva políticamente, él o su Gobierno, a favor de un acuerdo con los acreedores".

La decisión de no pedirle formalmente (o informalmente) al presidente de los Estados Unidos algún tipo de apoyo explícito o movimiento institucional para que se acelere una negociación positiva con los fondos buitre; es una decisión discutida entre la canciller Susana Malcorra, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay; el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger e, indirectamente, el ya nombrado embajador argentino ante los Estados Unidos, Martín Lousteau.

La argumentación para no reclamar acciones de Obama tienen su justificación en la historia del "juicio del siglo" y los conocimientos sobre cómo funciona el poder en ese país. Según la visión del macrismo, no está bien visto en EE.UU. la intromisión de un poder sobre otro, más si es sobre el Ejecutivo (Obama) y el Judicial (en este caso, Thomas Griesa). Para esta interpretación, si se le pidiera algún tipo de acción directa al presidente de Estados Unidos o a alguno de sus funcionarios sobre un juez, lo más probable es que lo haga a total desgano y sin fuerza ni voluntad; o que directamente descarte de plano y con malos gestos el pedido. Más, se asegura, si desde el otro lado hay un acreedor norteamericano con un fallo a su favor con el aval de la Corte Suprema de los EE.UU. La interpretación asegura que es un error mirar "con ojos argentinos" la posibilidad de una interacción de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial en ese país ya que las presiones o intentos de interferencias en la labor de la Justicia en un caso determinado están más que mal vistas y son un pasaporte a que haya más saña en contra del que presione.

Por otro lado, afirman desde el macrismo, la historia en el "juicio del siglo" no fue buena para la suerte del país en los tribunales norteamericanos. Se recuerda que, pese a pedidos formales, no hubo mucha voluntad de Obama de moverse a favor de la Argentina antes del fallo de la Corte Suprema de junio de 2014; quién, de hecho, nunca emitió ningún escrito dirigido al máximo tribunal norteamericano comprometiéndose con la causa argentina (tampoco a favor de los acreedores), más allá de algunos gestos y guiños de la secretaria de Tesoro, Jack Lew, más diplomáticos que efectivos.

En realidad, la búsqueda de un apoyo desde el Gobierno norteamericano hacia la Corte Suprema, fue una idea del abogado que el país contrató para litigar ante ese tribunal, el republicano Paul Clement, en teoría un "experto conocedor de los resortes de los poderes norteamericanos", según los dichos de aquel momento del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) que en octubre de 2014 recomendó su onerosa (casi u$s 300.000) contratación. Clement había sido procurador general de George W. Bush y su estrategia era la de presionar a los jueces republicanos de la Corte John Roberts y Samuel Alito (a los que conocía, en teoría, personalmente, desde sus años de trabajar en el último Gobierno republicano), para que escuchen al entonces procurador general de los Estados Unidos de Obama, Donald Verrilli, demócrata de origen, pero de excelente diálogo con sus antecesor. Nada de eso sucedió. Clement no logró interesar al Gobierno de Obama, nunca hubo contactos con Roberts o Alito, y Verrilli no se interesó formalmente en el caso. Como venganza, Argentina tardó más de un año en pagarle a Clement sus honorarios. De hecho, aún se le debe dinero. El juicio con los fondos buitre igual tendrá agenda importante en Davos. Será tratado en diferentes encuentros con bancos financieros internacionales. Entre otros, circularán por la cumbre suiza enviados del Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, HSBC, Barclays, UBS y Barclays, entre otros.