Concluyó ayer ronda de testimoniales por sucesos de 2013 en los que se produjeron saqueos y terminaron con un muerto y más de 200 heridos.
Factura. El exfuncionario cordobés, actual diputado provincial, acusó al exsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, de desoir los pedidos de ayuda del gobierno de José Manuel de la Sota.
El actual diputado local y exjefe de Gabinete cordobés durante el gobierno del peronista José Manuel de la Sota, Oscar González, aseguró ayer que durante el motín policial de 2013 "la conducción de la Policía (provincial) era incapaz de resolver este tema", al declarar en la última audiencia de testimoniales en el juicio contra 56 integrantes de esa fuerza, imputados por su supuesta responsabilidad en los acuartelamientos.
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"Ningún funcionario nacional atendió el teléfono", afirmó además González respecto de aquellos hechos, que derivaron en saqueos a comercios que dejaron el saldo de un joven de 20 años muerto y más de 200 heridos.
El exfuncionario aseveró también que los intentos de comunicación infructuosos estuvieron dirigidos al entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; al secretario de Seguridad, Sergio Berni; a la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y al ministro de Interior, Florencio Randazzo.
Para el exjefe de Gabinete provincial, la pasividad que atribuyó al Gobierno nacional de la época obedecía a un "aprovechamiento político", reflejado en declaraciones periodísticas de algunos de sus funcionarios en el sentido de dejar a los cordobeses "cocerse en su propia tinta". También consideró que "era de esperar que hubiera problemas al bajar los sueldos", en referencia a "la suspensión de un plus" para la fuerza.
El 7 de junio próximo comenzarán los alegatos finales, después de concluida ayer la etapa de declaraciones testimoniales, que finalmente no contó por razones de salud con la declaración de De la Sota, quien ejercía por entonces el cargo de gobernador pero no estuvo en Córdoba al estallar el motín.
El antecesor del peronista Juan Schiaretti (UpC) alegó -según trascendió- por encontrarse en Europa para realizar un tratamiento por padecer tinnitus, que incluye la audición de zumbidos y silbidos.
Doce oficiales y 44 suboficiales de la Policía provincial, sindicados como presuntos instigadores del motín, son juzgados por incumplimiento de deberes de funcionario público, desobediencia a la autoridad, uso indebido de dinero público e incitación de cometer delitos. Según la elevación a juicio, el amotinamiento implicó un "cese de la actividad preventiva" policial y convirtió a la ciudad de Córdoba en zona liberada para la sucesión de "hechos delictivos que empezaban a perpetrarse".
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