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Córdoba: sofocan nuevo motín policial: 16 presos
Gendarmes y miembros de la Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria fueron desplegados ayer en distintas zonas de la ciudad de Córdoba, tras un pedido expreso del Gobierno de José Manuel de la Sota.
Sin embargo, persiste la tensión en Entre Ríos, donde policías autoconvocados y sus familiares mantenían la decisión de cortar hoy la Ruta 14, a la altura de Concordia, para protestar por la decisión del gobernador Sergio Urribarri de anular el aumento otorgado en diciembre, además de garantizar que no habría sanciones para los policías que se amotinaron, según explicó Leandro Coutinho, uno de los voceros de la protesta.
Ayer, tras un pedido del propio José Manuel de la Sota al jefe de Gabinete Jorge Capitanich, la Nación envió a la provincia 1.200 efectivos entre las tres fuerzas (Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Policía Federal) para reforzar la seguridad ante la presunción de un foco activo enmascarado detrás del malestar por el presunto incumplimiento de la gobernación de los puntos acordados tras el motín y luego también de que el Tribunal de Conducta Policial resolviera el pase a disponibilidad de cuatro efectivos ante las sospechas de que podrían promover un nuevo acuartelamiento.
La rápida reacción oficial y la sinergia entre la Casa Rosada y De la Sota -opuesta a los cortocircuitos de diciembre- lograron desalentar una protesta de las esposas de los efectivos policiales frente del edificio de la Central de Policía, en la ciudad de Córdoba.
Las mujeres no encontraron adhesión para sostener la protesta, a lo que se sumó la detención de una de las líderes, Adriana Rearte, en el marco de la causa que investiga la instigación y la participación del acuartelamiento de diciembre pasado. A esto se sumó la detención de los 16 efectivos sospechados de estimular y participar en los saqueos durante el acuartelamiento. A todos se les imputa el delito de "desobediencia a la autoridad" e "instigación a cometer delito".
Para el fiscal Raúl Garzón, los agentes no sólo desoyeron las órdenes de sus jefes de turno en el sentido de retomar sus funciones sino que, por el contrario, azuzaron a sus compañeros a desobedecer y extender la protesta. De hallarse culpables, las penas para estos policías van desde los dos hasta los seis años de prisión.
Por la tarde, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, llegó a la provincia para coordinar el trabajo de las fuerzas y para mantener un encuentro con el gobernador De la Sota y el ministro de Seguridad de Córdoba, Walter Saieg. En ese contexto dijo que el Gobierno nacional no va "a permitir que ninguna fuerza policial extorsione al poder político". "Las armas que le dio la Constitución son para defender los derechos de los ciudadanos", dijo.
Además, el funcionario afirmó que a los "policías malos no sólo hay que exonerarlos, sino también ponerlos en el banco" de acusados de la Justicia para que respondan por las protestas y los saqueos a comercios.
"Dentro de la Policía (cordobesa) son muchos más los buenos policías. Hay que apoyarlos y darles las herramientas necesarias para que protejan a la ciudadanía. A los malos policías, que extorsionan al poder político, no solamente los tenemos que exonerar sino también ponerlos en el banco (de acusados) para que la Justicia actúe", enfatizó Berni.
También se analizó la gravedad de la amenaza de muerte recibida ayer por la exministra de Seguridad de la provincia, Alejandra Monteoliva.
Según denunció, dos hombres que circulaban en motocicleta le exigieron que dejara de escribir un libro sobre la Policía de Córdoba o "sos boleta". La exfuncionaria escribe un libro sobre políticas de seguridad y en uno de los pasajes del mismo analiza los hechos ocurridos en el mes de diciembre pasado, que la llevaron a alejarse de su cargo.


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