Corte impulsa investigación por la filtración de escuchas

Ante el escándalo por la filtración de escuchas judiciales -que involucraron a la expresidente Cristina de Kirchner y a Oscar Parrilli, amén del presidente de Boca, Daniel Angelici-, la Corte Suprema inició una maniobra de autopreservación, al impulsar una investigación sumaria para que se determine qué ocurrió con las grabaciones que integraban expedientes y fueron difundidas por los medios. Mediante sendos informes, a la Oficina de Captación de Comunicaciones y al juzgado de Ariel Lijo, pidió determinar cada paso que tuvieron las intervenciones para detectar si existió algún desvío del procedimiento. En paralelo, Lijo planteó una denuncia por averiguación de delito en torno a las filtraciones, que recayó en el juzgado de su par Rodolfo Canicoba Corral.

Parrilli había sido quien denunció ante la eventual responsabilidad de la Corte en la difusión de los audios y motivó el segundo movimiento institucional del tribunal: el primero había sido desligarse de cualquier responsabilidad ante las primeras publicaciones de las intervenciones. Ayer, el exfuncionario procesado por el encubrimiento a Ibar Esteban Pérez Corradi -tras no elevar a tiempo a la Justicia los informes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)- recusó al camarista Martín Irurzun, que integra la sala que deberá resolver su apelación al procesamiento dictado por Lijo. Su defensa pidió apartarlo ya que junto a Javier Leal de Ibarra son los jueces encargados de supervisar las escuchas telefónicas, desde que esa tarea quedara en manos del Poder Judicial.

La Corte sostuvo que "teniendo en cuenta los principios de transparencia y confidencialidad que deben regir su actuación, corresponde que se tome intervención a efectos de deslindar cualquier responsabilidad administrativa de los agentes intervinientes". Así exigió informe a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, que "a la mayor brevedad" informe "toda circunstancia que se vincule con la actividad desarrollada por esa repartición en el marco de la causa CFP 481/16". Lo mismo le pidió a Lijo: "Con idénticos recaudos, ponga en conocimiento del Tribunal cualquier circunstancia que considere pertinente orientada a dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a los agentes judiciales intervinientes en la captación, transmisión, entrega y resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las interceptaciones telefónicas ordenadas en la causa". Lijo, que había salido públicamente a defender la actuación de la Corte en el caso, abrió el paraguas y planteó una denuncia que por el momento quedó caratulada como averiguación de delito, y que será investigada por Canicoba Corral.

"El responsable de la custodia y reserva absoluta de las interceptaciones telefónicas es el Departamento que dirige el Dr. Irurzun", sostuvo el planteo de Parrilli para apartar al camarista ya que resaltó que puede resultar testigo tanto del expediente administrativo abierto por la Corte como de la causa penal denunciada por el propio Lijo.