26 de enero 2011 - 00:26

Cosecheros denuncian a proveedora de Las Marías por trabajo esclavo

Las imágenes tomadas por los cosechadores muestran el deplorable estado de los espacios donde pernoctan los trabajadores.
Las imágenes tomadas por los cosechadores muestran el deplorable estado de los espacios donde pernoctan los trabajadores.
Misiones - El Sindicato de Tareferos (cosecheros de yerba mate) de la localidad de Montecarlo denunció que una empresa contratista que presta servicios para una proveedora de la yerbatera correntina Las Marías, propiedad de la familia Navajas Centeno, incurre en graves incumplimientos laborales en las tareas de cosecha.

La denuncia se produce a pocos días de que el Gobierno bonaerense revelara una serie de casos de trabajo irregular en diversos campos de la provincia, explotados por grandes compañías.

Aquel hallazgo forzó al Gobierno a avanzar desde marzo, y como prioridad, en la sanción de la nueva ley para regular el trabajo del peón rural. Presionará para ello ante el propio titular del gremio que representa a los trabajadores del campo, Gerónimo «Momo» Venegas (cercano a Eduardo Duhalde), para que los diputados del Peronismo Federal avalen el proyecto que impulsa el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada.

Precisamente, en Misiones, los trabajadores de la yerba mate tuvieron que crear su propio gremio debido a que no se sienten representados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, que lidera Venegas.

El relevamiento realizado en un predio de la empresa La Misionera, en Caraguatay, a unos 190 kilómetros al norte de Posadas, permitió comprobar hacinamiento, insalubridad, trabajo informal, incumplimiento del jornal diario, trabajo de menores y pago con vales.

Según el titular del gremio, Cristóbal Maidana, la yerba mate allí cosechada tenía por destino final la firma correntina Las Marías, y que los trabajadores prestaban servicio para la contratista de Simón «Lolo» Martínez, quien ya había sido mencionada en una estafa a la ANSES, que dejó a cientos de trabajadores sin sus asignaciones.

Ninguno de los tareferos encontrados allí estaba contratado en forma legal, no se estaba cumpliendo con la remuneración establecida en el convenio de trabajo correspondiente, y les pagaban 16 pesos por cada 100 kilos, cuando el mismo establece 24,90.

Además, según denunciaron los gremios, se efectuaban pagos con vales que solamente podían ser usados en una tienda de la zona, comercio que está a nombre de Justo Ramírez Acosta, titular del Concejo Deliberante de Caraguatay.

Ricardo Maciel, diputado provincial y representante del Gobierno en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, se reunió con los representantes del gremio de los tareferos y luego señaló que «lamentablemente en muchos lugares se da esta situación del trabajo no regulado».

Maciel dijo que acordaron con el sindicato reunirse nuevamente dentro de 15 días para «coordinar la cosecha gruesa de marzo-abril, viendo de qué manera se puede colaborar con el Estado para mejorar los controles», y recordó que «los trabajadores no deben aceptar negociaciones con contratistas por salarios, porque el salario rural está establecido por ley».

El legislador aseguró que la ley de registro de contratistas (a tratarse en la Legislatura próximamente) ayudará a investigar a las empresas porque «ahora resulta muy difícil controlar a estas firmas, ya que no están debidamente identificadas con domicilio y responsable. Con un registro claro, la provincia va a tener una herramienta valiosa», finalizó.

Irregularidades

En Misiones, no menos de 15.000 tareferos trabajan en la zafra yerbatera, y sin embargo solamente unos 4.000 están correctamente registrados. El campamento en el que hallaron las irregularidades está ubicado a pocos kilómetros de la Ruta 12, que bordea el río Paraná en toda la geografía misionera.

«En condiciones insalubres estos trabajadores viven en lo que queda de un secadero, propiedad de la compañía. Hacinados en un galpón duermen en el piso, o trepados a las viejas estructuras, en colchones que ellos mismos deben llevar. No tienen acceso al agua potable, baños, ni luz eléctrica», aseguraron.

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