Cristina adelantó veto con la reforma política

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Cristina de Kirchner no aguantó al próximo período ordinario de sesiones en el Congreso y ya vetó, parcialmente, la ley de reforma política sancionada por la Cámara de Diputados. La Presidente dejó sin efecto la posibilidad de los partidos políticos con reconocimiento provisorio de presentar hasta el 31 de diciembre de 2011 candidaturas electorales aunque no cumplan todos los requisitos para obtener la personería jurídica.

Lo más llamativo del veto parcial publicado ayer en el Boletín Oficial fue que se trata de una ley impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada con votos kirchneristas y de aliados del centroizquierda. Con el recambio legislativo del 3 de diciembre, que dejó al oficialismo en inferioridad numérica frente a la oposición en la Cámara de Diputados, el jefe de la banca kirchnerista, Agustín Rossi, había advertido sobre el uso del veto presidencial como herramienta constitucional para frenar leyes en el Congreso. Pero esta vez, Cristina de Kirchner vetó parcialmente una norma aprobada por sus propios legisladores.

La decisión de la Presidente revela la autonomía que adquirió el bloque oficialista de Diputados en relación con la Casa Rosada, que suele imponer condiciones imposibles de cumplir para sus legisladores. El proyecto de la reforma política fue un claro ejemplo. Rossi y sus diputados debieron reescribir el proyecto del Ejecutivo e introducir más de 50 cambios para garantizar la aprobación de la iniciativa que, tras haber logrado consenso parlamentario, fue modificada unilateralmente por la Presidente.

Observaciones

La reforma política entró en vigencia ayer con su publicación en el Boletín Oficial, que incluyó dos observaciones del Poder Ejecutivo que anuló la postergación hasta el 31 diciembre de 2011 de la puesta en vigencia de algunos aspectos de la norma.

De esta forma, el decreto 2004/2009 de promulgación

-dictado el viernes último y publicado ayer en el Boletín Oficial- puso en marcha la norma convertida en ley el 2 de diciembre último, excepto en dos artículos.

En este sentido, el Poder Ejecutivo expresó que los artículos 107 y 108 «contradicen el objetivo central de la ley al diferir hasta el año 2012 la aplicación de normas directamente relacionadas con la mejora de la representación política y fundamentales para ordenar el universo de actores políticos».

De acuerdo con el texto aprobado por el Congreso Nacional, el artículo 108 de la ley establecía que recién en 2012 comenzaría a regir el ítem que señalaba que, durante la vigencia del reconocimiento provisorio, los partidos políticos no podrían presentar candidaturas a cargos electivos ni en elecciones primarias ni en elecciones nacionales.

El veto parcial del Ejecutivo perjudica a los partidos más pequeños que, al tener menos afiliados y haber obtenido un piso de votos más bajo en las elecciones nacionales, corren el riesgo de no cumplir con los requisitos necesarios para conservar su personería jurídica y, por lo tanto, su competitividad electoral. Se trata de agrupaciones como el SI de Eduardo Macaluse que suelen ser aliados de centroizquierda del oficialismo en el recinto.

En tanto, el artículo 107 también fijaba al 31 de diciembre de 2011 como fecha para la puesta en vigencia del inciso tercero del artículo séptimo y del artículo octavo de la norma, referidos a los requisitos para la formación de confederaciones nacionales y para la fusión de partidos políticos.

En este sentido, en las observaciones, el Ejecutivo argumentó que la norma postergaba la vigencia de modificaciones a la Ley Orgánica de Partidos Políticos que resultaban «esenciales para la implementación de la reforma política, tornando de esta manera absolutamente incongruente con el objetivo planteado por la ley».

La reforma política establece la realización de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos que postulen precandidatos para nominar a cargos electivos nacionales. Según lo establecido por esa norma, las elecciones primarias se realizarán el segundo domingo de agosto de los años en los que se efectúen elecciones nacionales, ya sean presidenciales y/o legislativas, que se realizarán el cuarto domingo de octubre.

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