Cuatro pueblos votan el 8-N por urnas quemadas

José Cano

Tucumán - El Poder Ejecutivo afinaba anoche la letra del decreto con el que se activarán elecciones complementarias en las comunas de San Pablo, San Ignacio, Sargento Moya y Los Ralos (aquí, de manera parcial), en principio, para el 8 de noviembre próximo, según confiaron desde el Frente para la Victoria (FpV) a Ámbito Nacional.

El nuevo llamado a comicios se da tras la quema de 42 urnas en esas comunas durante las elecciones generales del 23 de agosto último, en las que resultó gobernador electo el postulante del FpV y actual vice, Juan Manzur.

Las elecciones se podrán realizar después del 29 de octubre -fecha en la que asumirá Manzur-, según explicaron desde el PJ local a este diario, porque los votos de esas mesas no iniciden en la categoría de gobernador y vice, legisladores provinciales e intendentes, aunque sí en la sección de delegados comunales.

Por ello, el mandatario -Manzur- podrá designar en comisión a delegados que reemplazarán parcialmente a quienes serán electos el 8 de noviembre próximo, sin llegar a la necesidad de realizar una intervención en esos cuatro pueblos.

Quien deslizó la necesidad de votar nuevamente el día posterior a los comicios fue el propio gobernador, José Alperovich, tras conocerce la quema de 42 urnas. "Que llamen a una elección complementaria, porque quiero llevar la tranquilidad al pueblo tucumano de que la transparencia es total", destacó.

Ese día, el mandatario resaltó que el episodio de la quema de urnas comenzó "primero en Sargento Moya", con "un candidato del Acuerdo para el Bicentenario", y luego se trasladó hacia las otras tres comunas, con cruces entre candidatos peronistas.

La fuerza opositora llevó como postulante a gobernador a José Cano (diputado nacional por el radicalismo), quien finalizó a casi 12 puntos de Manzur, según datos finales del escrutinio definitivo realizado por la Junta Electoral Provincial (JEP).

El caso de las urnas quemadas difiere del que debatió la Justicia tucumana acerca de si había que anular o no las elecciones. Para este último caso, que ya descartó la Corte Suprema local tras un polémico aval inicial de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, debían estar anuladas el 50% de las urnas, algo que nunca ocurrió.