El Gobierno quiere saltear a jueza que suspendió los DNU

María José Sarmiento

El Gobierno contraatacó ayer los embates judiciales que sufrió en los últimos días respecto de la suspensión de los decretos de necesidad y urgencia que disponían el uso de reservas del Banco Central para el Fondo del Bicentenario y la remoción del titular de esa entidad, Martín Redrado, al solicitar a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que interviniera en el caso de Redrado por sus facultades de «superintendencia».

El tribunal de alzada de turno, integrado por los jueces Néstor Buján y José Luis López Castiñeira, analizaría hoy el recurso de avocación presentado por la Procuración del Tesoro, luego del apartamiento de Carlos Grecco, quien había sido recusado por la defensa del presidente del Banco Central (ver aparte).

El pedido del Ejecutivo todavía no fue despachado ni notificado, y solicita al tribunal de alzada que se pronuncie sobre la medida cautelar que suspendió la remoción de Redrado, por tratarse de «una medida de gravedad institucional». Además, se pedirá hoy a la jueza de primera instancia María José Sarmiento que eleve inmediatamente las apelaciones del Gobierno a sus fallos dictados el viernes pasado.

Presentación

Por otro lado, ayer se presentaron en el juzgado de Sarmiento el PRO y la Coalición Cívica, así como los abogados de Martín Redrado, con sus denuncias sobre los DNU 2.010/09 y 18/10, luego de que la magistrada resolviera convertir estas dos acciones de amparo en procesos ordinarios, por pedido de los amparistas.

En el medio, arreciaron las críticas contra la jueza Sarmiento del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el ministro de Economía, Amado Boudou, y la propia Cristina de Kirchner por el accionar de la jueza, quien suspendió de manera provisoria los DNU objetados.

En el caso de la presentación del PRO y la CC, se pidió que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 2.010/09, que en diciembre pasado dispuso la habilitación de partidas del BCRA para conformar el Fondo del Bicentenario, destinado a renegociar vencimientos de la deuda pública en 2010. La denuncia impulsada por los diputados Federico Pinedo, Alfonso Prat Gay, Patricia Bullrich y Juan Carlos Vega plantea una acción declarativa de certeza con el objeto de que «cese el estado de incertidumbre sobre si puede ser burlada la arquitectura constitucional que dispone que cualquier uso de las reservas del Banco Central de la República Argentina, mediante el uso de un decreto, cuando la Constitución y el régimen legal aplicable expresamente disponen la intervención del Congreso».

En cuanto al DNU 18/10 que dispuso la remoción de Redrado por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público, sus abogados también se presentaron ayer ante la jueza Sarmiento para iniciar un proceso ordinario.

Plazos

En ambos casos, el proceso será sumarísimo y, como señaló ayer la jueza en declaraciones en la puerta de su casa, «los plazos se estiran muy poco, es un trámite excepcional y rápido». Sarmiento también señaló que, después de notificar a las partes sobre la demanda, habilitará las apelaciones del Gobierno a sus resoluciones del viernes pasado y las elevará a la Cámara de Apelaciones. Después de notificar a las partes, el Gobierno tiene cinco días para responder, así como los denunciantes podrán responder a sus argumentos si la jueza hace lugar a su pedido. El juicio sumarísimo, reglamentado en el Código Procesal Civil y Comercial, también prevé una instancia de conciliación entre las partes, pero el Ejecutivo no quiso esperar; evitó presentar nuevos escritos ante la magistrada de primera instancia y fue directamente a la Cámara.

Por otro lado, Sarmiento evitó responder sobre los ataques del Gobierno a su proceder, que empezaron a primera hora de la mañana de ayer, cuando Aníbal Fernández aseguró que la jueza «tiene respuestas políticas cuando en realidad debería tener respuestas judiciales» y señaló que «en ningún lugar un juicio ordinario se dispone después de la medida cautelar, no existe esa situación».

La novela judicial continuará hoy cuando la sala de la Cámara de turno se pronuncie sobre la presentación del Gobierno. Una trama que ayer se vio opacada por la Justicia extranjera: el juez de EE.UU. Thomas Griesa embargó cuentas de la Argentina en el Tesoro de ese país por cesación de pagos, redireccionando la atención y las críticas al ya famoso magistrado en estas tierras y probando que no sólo los jueces criollos ponen palos en la rueda de los Kirchner.