21 de marzo 2017 - 00:00

Gobierno defendió en Washington decreto migratorio y caso Sala

Delegación oficial se cruzó con organismos de derechos humanos que cuestionaron a Gerardo Morales en Jujuy por libertad para protesta social. A la vez, el Estado se mostró inclusivo con migrantes, en audiencia oficial.

Cruces. Claudio Avruj, secretario de DD.HH., defendió postura oficial.
Cruces. Claudio Avruj, secretario de DD.HH., defendió postura oficial.
El Gobierno debió afrontar ayer en Washington su primer test ante organismos supranacionales de derechos humanos, antesala de la visita al país de la Comisión Interamericana que analizará la situación de detención de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, en Jujuy. Con una lluvia de críticas de organismos locales que asistieron en calidad de denunciantes, la delegación oficial respondió por la supuesta "criminalización de la protesta social" en la provincia gobernada por Gerardo Morales, y se cruzó por el tema Sala, que estaba fuera de agenda, pero que logró colarse en la intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que defiende a la dirigente social.

De paso, el coordinador general del programa Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, presentó las iniciativas que conforman el programa de modernización judicial que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en lo que buscó sacar algún saldo positivo de la audiencia convocada por los organismos de derechos humanos locales, críticos con las postura oficial. La delegación debió defender también ante la CIDH, no sólo su política de derechos humanos, sino de libertad de expresión (luego de haber modificado por decreto la Ley de Medios) y de migraciones (por el endurecimiento de las condiciones exigibles para la aceptación de extranjeros).

"Estamos avanzando fuertemente en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la sociedad argentina. Hay un compromiso asumido por el presidente (Mauricio Macri) de trabajar en la construcción de una sociedad que se basa en el respeto, la convivencia y la inclusión, camino que transitaremos respetando los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión", destacó en su exposición el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien encabezó la delegación del Estado.

Además, se afirmó que el DNU migratorio busca garantizar la "regularidad migratoria" y no es "contra los migrantes irregulares".Desde la CIDH, se hizo hincapié en una "preocupación" que "va más allá de Argentina", y que tiene que ver con asociar al "migrante con la delincuencia", lo que contribuye a la "estigmatización o xenofobia".

El comisionado para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Paulo Vannuchi, resaltó que hay "visiones casi opuestas" entre las partes y agradeció "que el nombre de Milagro Sala no fuera mencionado acá porque hay una tensión y una cautelar que están tramitándose". Vannuchi planteó además que "muchas veces hay procedimientos judiciales fundamentados pero que también son utilizados con fines políticos" para criminalizar la protesta, mientras que Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión, se preocupó por señalar que sin garantías para poder manifestarse el derecho a la protesta "se convierte en algo teórico". No terminó por ser un balance positivo, en un encuentro que se caracterizó por la tensión entre las partes. El CELS acudió a denunciar la "supresión de derechos políticos y sociales" a sectores que realizan protestas en Jujuy y "criminalización" del "acampe" por el que, en diciembre del año pasado, se acusó y detuvo a la líder de la agrupación y referente del kirchnerismo. En respuesta a las acusaciones, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, aseguró que en la provincia "está plenamente garantizado el derecho de peticionar a las autoridades, de libertad de expresión y a manifestarse".

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