Inconsistencias debajo de la alfombra

El economista jefe de FIEL, Daniel Artana, escribió una nota titulada “Ni los vientos favorables alcanzan”, que fue publicada en la revista de la fundación, “FIEL News”. Según sostiene, “el Gobierno carece de espacio para encarar una política anticíclica porque no tiene acceso al crédito a tasas razonables y porque no ahorró en los momentos de bonanza, más allá de las reservas cada vez más escasas del Banco Central”.

Hace varios años que la política económica oficial tiene inconsistencias. Pero una sucesión de hechos favorables (notable mejora en los precios de exportación y en el valor de la economía brasileña medida en dólares) y un tipo de cambio muy depreciado barrían debajo de la alfombra esas inconsistencias.

Intentando una respuesta contracíclica a la crisis internacional iniciada por la quiebra de Lehman Brothers desapareció el superávit primario fiscal, pero éste nunca se recuperó en los años 2010 y 2011 de fuerte crecimiento económico. A su vez, y a pesar de los récords alcanzados por los precios de exportación, el resultado superavitario de la cuenta corriente se fue desvaneciendo. Y políticas monetaria, fiscal y de ingresos muy expansivas crearon una alta inflación en pesos y en dólares que fue erosionando el tipo de cambio real hasta crear atraso cambiario.

Estos problemas eran claros a finales de 2011. Pero nada del enorme capital político que recibió el Gobierno en la elección presidencial fue utilizado para mejorar las cuentas fiscales y reducir la inflación. Se optó entonces por seguir con la expansión monetaria y fiscal a todo vapor y trabar el acceso a las divisas con controles cada vez más estrictos.

Un año y medio después de esa decisión, el Banco Central perdió alrededor de 5.000 millones de reservas y los problemas se han vuelto visibles para la mayoría de los agentes económicos. Las consecuencias han sido una brecha cambiaria creciente, una virtual parálisis de la economía y una inflación que se mantiene por encima del 20% anual.

Economistas cercanos al Gobierno sostienen que las decisiones que se han tomado han procurado proteger a la economía de un deterioro del contexto económico internacional.

El problema con ese diagnóstico es que no puede explicar por qué se espera que el resto de los ocho países más grandes de Sudamérica (excluido Venezuela) crezca alrededor del 4,5% este año, mientras que la Argentina deberá batallar para crecer sólo el 2%.

El Gobierno carece de espacio para encarar una política anticíclica porque no tiene acceso al crédito a tasas razonables y porque no ahorró en los momentos de bonanza, más allá de las reservas cada vez más escasas del Banco Central.

Además, va rotando las anclas nominales. Durante 2010 y 2011, el tipo de cambio oficial se depreciaba al 4% y al 8% anual respectivamente y los precios de los servicios públicos aumentaban a un ritmo inferior a la inflación. La contracara eran salarios privados y gasto público que crecían muy por encima de la inflación real. En los últimos meses, se levaron las anclas de los precios regulados y del tipo de cambio y se trató de moderar el ritmo de aumento del gasto público y de los salarios, pero en ningún caso se logró una tendencia decreciente en la tasa de inflación. Peor aún: con la economía parada en el año 2012, la inflación no cedió.

Ausente un golpe de suerte adicional, la economía argentina se encamina hacia un ajuste clásico fiscal y cambiario. Para evitarlo habría sido necesario adoptar políticas prudentes, especialmente durante los años de boom económico (2003-2007 y 2010-2011). Lo más probable es que el Gobierno postergue cualquier decisión hasta que pasen las elecciones de octubre. Luego se abre un abanico de alternativas.

La opción menos mala no parece estar a tono con la filosofía que ha guiado las decisiones de política económica de la última década. Se basa en una mejora fiscal gradual de la Nación y las provincias, de alrededor del 3% del PBI, para reducir el déficit consolidado a algo más de un punto del PBI, política monetaria consistente con una reducción paulatina de la inflación, eliminación gradual de controles de precios y cambiarios, y señales claras a la inversión de que los contratos serán respetados. Las otras alternativas pasan por no hacer nada nuevo, por un desdoblamiento del mercado de cambios o por una devaluación compensada.

La primera alternativa significa continuar con pequeñas calibraciones al estilo de lo observado en los últimos meses. Un ejercicio aritmético simple muestra que si se mantiene un control cambiario cada vez más estricto el Gobierno tendría reservas suficientes para llegar hasta 2015, aún cuando se las utilice para hacer frente a una parte de los servicios de deuda. El problema con ese ejercicio es que subestima el impacto de una brecha cambiaria elevada (y probablemente creciente) sobre los flujos de comercio exterior de bienes y servicios. Y en cualquier caso se corre el riesgo de una recesión liderada por una inversión que no tendría espacio para reaccionar ante una señal cada vez más dura respecto de los giros de dividendos en particular y de los derechos de propiedad.

El desdoblamiento cambiario actúa como un impuesto para las compras de divisas financieras que se podrían obtener a un tipo de cambio superior al comercial. La ganancia fiscal la percibe el Banco Central que compra dólares comerciales y vende algunos de ellos a un tipo de cambio superior. Pero esta opción tiene varios problemas: no corrige el atraso cambiario que hoy sufre el sector transable, empeora la situación de los exportadores endeudados en dólares y mantiene el incentivo a operaciones ilegales de subfacturación y sobre facturación.

La devaluación compensada parcialmente con un aumento de retenciones transfiere la ganancia fiscal al Tesoro, provee un aliciente menor al sector exportador -aun cuando las retenciones se vayan reduciendo en el tiempo-, y probablemente resulte en una inflación algo superior a la que se obtendría en la alternativa anterior. En principio, ambas opciones son bastante similares, aunque supuestamente el desdoblamiento llevaría a un tipo de cambio para operaciones financieras y de turismo superior y por ende a uno para operaciones comerciales inferior.

De todas maneras, ninguna de las dos opciones últimas resuelve los problemas de fondo. Sólo permiten ganar algún tiempo a la espera de que un nuevo golpe de suerte ayude a la economía argentina. Pero ese golpe de suerte parece poco probable en los próximos dos años.