La Argentina perdió el “juicio del siglo”. Ahora depende de Griesa

Con un seco y directo “are denied”, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. informó ayer que rechazó la apelación de la Argentina contra los fondos buitre y el país perdió el “juicio del siglo”.

La Argentina perdió ayer definitivamente el "juicio del siglo" contra los fondos buitre. Fue cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el pedido de apelación presentado por los abogados que representan al país en este caso, sin dar lugar a la alternativa de una consulta al Gobierno de Barack Obama, lo que hubiera posibilitado ganar tiempo, pero nunca tener un fallo favorable. La posibilidad de que el máximo tribunal norteamericano tome el caso y lo analice en este período judicial ya había quedado descartada el jueves pasado, con lo que la Corte fue fiel a la jurisprudencia local: no dar marcha atrás a fallos de primera y segunda instancia unánimes en un sentido. En este caso, definirse a favor de los fondos buitre.

Termina así la definición sobre la culpabilidad o inocencia de la Argentina en el "juicio del siglo", un caso que comenzó en marzo de 2008, cuando el fondo buitre NML Elliott de Paul Singer se presentó ante la Justicia de Estados Unidos para reclamar el pago de los bonos caídos en default; luego de negarse a aceptar el canje de deuda propuesto en su momento por Roberto Lavagna. En total fueron 12 los jueces que fallaron de manera unánime en contra de la posición del país, incluyendo el juez de primera instancia del segundo distrito de Nueva York, Thomas Poole Griesa, el primero que falló en contra de la Argentina; los magistrados de la Cámara de Apelaciones de Nueva York Reena Raggi, Barrington Parker y Rosemary Pooler, y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, John Roberts, Antonini Scalia, Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Ruth Bader Ginsburg, Atephen Breyer, Samuel Alito y Elena Kagan (la novena integrante, Sonia Sotomayor, se excusó de opinar), que ayer rechazaron la apelación y dejaron firme la decisión de primera y segunda instancia. Todos estos magistrados demostraron, en algún momento del juicio, independencia a las sugerencias de fuerzas como los gobiernos de Estados Unidos, México, Francia, Brasil, México, China; bloques como el Mercosur y la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y hasta alguna apelación del papa Francisco. Todos mantuvieron la jurisprudencia conservadora que dictamina que "los contratos se cumplen y lo que se firma se respeta". Interpretado para este caso, la Argentina debe pagar lo que se comprometió a pagar cuando emitió deuda soberana, aunque en 2001 haya caído en default y aunque en 2006 y 2010 haya habido dos proceso de canje de deuda exitosos. En esta doctrina conservadora coincidieron tanto jueces republicanos (como Griesa) como demócratas, dejando hacia delante una jurisprudencia terminal para otros casos como el argentino. A partir de ahora, lo que importa, al menos en el mercado financiero de Wall Street, es la promesa de pagar un bono y no una reestructuración de deuda avalada por más del 93% de los tenedores de esos títulos públicos.

La Corte además avaló en una segunda decisión el reclamo de "discovery" por parte de los fondos buitre, que pedían por el derecho de exigir a la Argentina que informe todas las tenencias financieras en cuentas en los Estados Unidos y el mundo, para que luego puedan ser pasibles de decisiones de embargos por parte de Thomas Griesa.

Queda así ahora en firme la decisión que en octubre de 2012 había tomado el juez de primera instancia del segundo distrito de Nueva York, Thomas Griesa, y que fue ratificada en agosto de 2013 por la Cámara de Apelaciones de esa ciudad; de reconocer el derecho de los bonistas que no entraron a los canjes de deuda de 2006 y 2007; de reclamar el 100% del dinero de los bonos caídos en default en diciembre de 2001. Esto incluye los que están en poder de fondos como NML Elliot (del magnate norteamericano Paul Singer, que en algún momento embargó la fragata Libertad en Ghana), Olifant, Aurelius; junto con los de 15 argentinos que litigan con ellos y el resto de los holdouts que aún no se presentaron en el juzgado de Griesa.

Queda también en firme la decisión de este magistrado de primera instancia, de aplicar la cláusula "Pari Passu", por la cual todos los bonistas de deuda argentina tienen el mismo derecho, hayan o no ingresado a los canjes; y la decisión de embargar todos los pagos que haga el país en bancos de Wall Street para liquidar ese dinero entre los bonistas; incluyendo los fondos buitre.

El dinero que Argentina debería reconocerles a los que ganaron esta mañana el fallo son unos u$s 1.330 millones. Sin embargo habrá que sumar el resto de los fondos Buitre que aún no se presentaron a reclamar por lo suyo (ahora legalmente suyo), y que llevaría esa suma a unos u$s 7.000 millones. Entre estos fondos está el de Kenneth Dart, que ya la semana pasada pidió turno en el juzgado de Griesa adelantándose a la decisión de la Corte.

Pero además, en el caso que el juez no abra una instancia negociadora (y si Argentina pagara el dinero que reclaman los fondos Buitre), reclamarían también por su quita todos los bonistas que sí ingresaron en los canjes de 2006 y 2010; dinero que totalizaría unos u$s 13.000 millones, según cálculos del propio ministerio de Economía de Axel Kicillof. Sumando todo el reclamo, el monto ascendería a unos u$s 20.000 millones, con reservas en el Banco Central de algo más de 28.000 millones de dólares. En otras palabras, pagar sería una utopía, y cumplir el fallo de Griesa de un pago al contado resultaría imposible. De ahí se especula con la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones en el juzgado del añoso juez neoyorquino o la declaración simple y directa de un "default técnico", y la liquidación de la deuda argentina en el mercado de capitales de Buenos Aires.

Mientras tanto seguirá corriendo el tiempo hasta enero de 2015, cuando Argentina pueda sentarse a negociar en igualdad de condiciones con los fondos Buitre, sin la vigencia de la cláusula RUFFO por la cual se le reconocer los derechos de cobrar a los que aceptaron el canje de deuda (el 93% del total del dinero en default) lo mismo que se les pague a los bonistas que no ingresaron en algún pago posterior a los canjes de 2006 y 2010. Hasta ese momento Argentina sería una especie de "paria financiera mundial"; salvo que Griesa abra una instancia negociadora.

Queda también la duda sobre que pasará ahora con el mercado de colocación de deuda voluntaria para los estados en desarrollo en Wall Street, un mercado de más de u$s 20.000 millones que ahora quedará jaqueado luego de la jurisprudencia que marcó la justicia con el "juicio del Siglo".

Hubo también un fracaso notorio del lado argentino; el del ex procurador del gobierno norteamericano Paul Clement. Este ex funcionario de George W Bush había casi garantizado a la Argentina la posibilidad de conseguir que el máximo tribunal abra la opción de una consulta al gobierno de Barak Obama, y permitirle al gobierno de Cristina de Kirchner ganar tiempo hasta enero de 2015. Clement, republicano de origen, había recomendado un cambio de estrategia, haciendo que Argentina asegure que cumpliría con el pago a los fondos buitre, aún sabiendo que esto es imposible para el país. Finalmente la acción del ex procurador de los Estados Unidos no provocó ningún cambio en la tendencia de los fallos de la justicia norteamericana, y todo quedó definido a favor de los fondos buitre.