Los DNU de Cristina, desde la experiencia

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l uso de las reservas para la cancelación de la deuda pública debe contextualizarse en el marco de una política fiscal omnicomprensiva del sector público financiero y no financiero. La medición de los resultados del sector público está asociada a variables de flujo y stock, con el objeto de determinar la incidencia de los mismos en la construcción del patrimonio neto consolidado.

En ese contexto es necesario inscribir este debate: asociar la acumulación de reservas como el incremento de un activo surgido de diferencias netas entre ingreso y egreso de capitales. Así, cuando las exportaciones de bienes y servicios superan a las importaciones y el flujo neto de capitales es positivo, el activo global del sector público financiero y no financiero consolidado se incrementa.

El debate instalado por la oposición presenta falacias argumentativas de carácter estructural. Por un lado, en virtud de afirmar el carácter sagrado de las reservas y el peligro de su uso para la cancelación de obligaciones financieras. Esta posición no es novedosa, la expusieron sus representantes en oportunidad de la cancelación de la deuda al FMI en 2005 y se anunciaron catástrofes económicas que nunca ocurrieron.

La cuestión central es afirmar que si el diseño de la política económica impide la obtención de resultados positivos para incrementar el balance de divisas, se produce una descapitalización producto de una reducción de la oferta. Sin la aplicación de medidas antidumping, de administración efectiva de licencias temporarias y de control de ingreso de mercancías por la administración de aduanas para morigerar el incremento de importaciones, hubiese sido materialmente imposible mantener las reservas en dólares del BCRA. Paralelamente, la política de incentivos con la red de empresas que importan y exportan permitió administrar la consolidación de los superávits gemelos.

Por lo tanto, la independencia y autonomía del BCRA estipulada en el artículo 3° de la Ley 24.144 de la carta orgánica establece que «en la formulación de la política monetaria y financiera el Banco Central no estará sujeta a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional». En el año 2004, el presidente del BCRA modificó la política monetaria y la metodología de exposición de los datos sustituyendo la base monetaria por el agregado monetario M2 en su relación técnica respecto a la variación del PBI Nominal. No fue por injerencia o sugerencia del Presidente de la República.

La posibilidad de disponer las reservas del BCRA no viola ni la independencia ni la autonomía que sólo se refiere a la política monetaria y financiera. El artículo 19 de la Ley 24.144 y modificatorias enumera lo que el BCRA no puede hacer y allí no figura el uso de las reservas. Para reafirmar esta convicción debería suponer, por ejemplo, un BCRA autónomo e independiente que no tenga un solo dólar de reserva por cualquier circunstancia. La acumulación de las mismas formará parte de un diseño de política económica. Pero además, qué autoridad moral tiene la oposición que en dos oportunidades dejaron el país en bancarrota con hiperinflación e hiper-recesión y un BCRA sin reservas.

Quisiera que cualquier lector repase la Ley 24.144 y me indique si existe un lugar en donde diga que el uso de las reservas debe ser establecido por ley o que el uso de las mismas viola la autonomía del BCRA. No lo verá en ningún artículo.

En las administraciones Duhalde y en la administración Kirchner se utilizaron reservas para cancelar deuda pública. Mediante la ratificación del decreto 1599/2005 por el Congreso de la Nación, se modificaron los artículos 4°, 5° y 6° de la Ley 23.928 y sus modificatorias, permitiendo el uso de las reservas de libre disponibilidad para la cancelación de estas deudas «siempre que resulte de efecto monetario neutro». A su vez, el incentivo del Estado nacional es lograr un ahorro en el diferencial de la tasa de interés por la imposición financiera de las reservas y el costo financiero de tasa de interés para cancelar esas obligaciones. Además, tenemos reservas de libre disponibilidad, que constituyen los parámetros de la ley de convertibilidad por razones de confianza porque la definición expresa del stock de reservas de un país como el nuestro está asociado al flujo de importaciones, plazo promedio de cumplimiento de compromisos, balance de divisas proyectado, y demás aspectos que en definitiva debe marcar ciertos criterios de optimalidad.

Primera conclusión: es falso el argumento que no se pueden disponer del uso de reservas del BCRA para cancelar deuda porque viola la autonomía y la independencia del BCRA, y que ésta tiene que hacerse por ley del Congreso de la Nación. Cuando ameritan circunstancias para el dictado de un DNU este instrumento jurídico tiene fuerza de ley indubitable.

Otra de las cuestiones que se ha planteado es el mecanismo de remoción del presidente del BCRA. El mismo lo designa el Presidente de la Nación (artículo 99 inciso 1) y correlativamente lo estipula el artículo 7° de la Ley 24.144, con acuerdo del Senado. El artículo 9°, segundo párrafo, establece que su remoción es una facultad del Presidente de la Nación previo consejo de una Comisión integrada por el presidente del Senado, los presidentes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía y Finanzas de ambas cámaras del Congreso.

La frase «consejo previo» indica su carácter no vinculante. Las causales de incumplimiento de deberes de funcionario público y mala conducta son las estipuladas de un modo taxativo en la ley. Pero de hecho la pérdida de confianza en el funcionario constituye una causal objetiva y subjetiva por factores y circunstancias.

Pero esto debe inscribirse también en el sentido común. Si el Presidente de la República designa un funcionario que no es extrapoder, es él mismo el que lo tiene que remover, porque de lo contrario se subvierte el orden constitucional. Si quien es electo por el voto popular en un sistema republicano y federal tiene menos atribuciones que un presidente del BCRA y una jueza que ordena su restitución entonces, ¿para qué se realizan las elecciones?

Paralelamente, la estabilidad en el cargo queda menguada cuando se producen extralimitaciones o no se respeta la ley. El presidente del BCRA debe acatar un Decreto de Necesidad y Urgencia porque éste tiene fuerza de ley.

Segunda conclusión: la remoción del presidente del BCRA es una atribución del Presidente de la Nación quien designa y remueve sus funcionarios. No requiere aprobación del Congreso y el dictamen de la comisión especial del artículo 9° de la Ley 24.144 no es vinculante. Por lo tanto, es inadmisible la injerencia del Poder Judicial. Son los jueces quienes violan la Constitución Nacional no la Presidente.

Otro de los temas analizados ha sido el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El artículo 99 tiene tres reglamentos: a) el autónomo del inciso 1° con atribuciones explícitas e indubitables, b) el delegado del inciso 2° en virtud del artículo 76 (delegación de facultades), y el c) el decreto de necesidad y urgencia que prohíbe expresamente la materia penal, sistemas electorales, partidos políticos y materia tributaria.

Durante la administración Kirchner todos los DNU fueron aprobaciones de acuerdos sectoriales de convenciones colectivas de trabajo, aumento de jubilaciones, pago al FMI y otras acciones en donde la oposición estaba de acuerdo en la decisión y no en el uso del instrumento.

Los DNU han sido reglamentados por la Ley 26.122 promulgada en 2006. Rigen desde entonces los artículos 17 y 24. Esto implica el reconocimiento de la vigencia del instrumento jurídico concomitante con lo estipulado por el artículo 2° del Código Civil. Desde 2006 nadie cuestionó la constitucionalidad del artículo 24° respecto al tratamiento de las Cámaras por separado como modo diferente al procedimiento de formación y sanción de las leyes. El procedimiento del DNU es que una vez dictado por la Presidente, lo remite vía jefe de Gabinete de Ministros a la Comisión Bicameral que tiene diez días para expedirse. Mientras tanto, está vigente y el Congreso resuelve su validez.

Tercera conclusión: los DNU son instrumentos válidos, reglamentados por ley del Congreso desde el año 2006 y avalado por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, hasta tanto lo trate el Congreso es válido y tiene fuerza de ley. Consiguientemente, el uso de reservas es decir, el decreto 2010/2009 es válido y está vigente.

También es necesario opinar respecto a la deuda pública y su legitimidad. Este debate es posible admitirlo en una dictadura militar. Pero en plena democracia es necesario recordar que el Congreso de la Nación tiene entre sus atribuciones la sanción de la ley de gastos y recursos, la deuda y la aprobación o rechazo de la cuenta de inversión.

La Ley 23.156 de administración financiera establece la oficina de crédito público. La deuda está registrada y no se pueden realizar pagos sin la autorización del Congreso.

Cuarta conclusión: en democracia debatir sobre la legitimidad o ilegitimidad de la deuda es una ofensa a quienes hemos sido legisladores o al Congreso mismo.

Por último, para fijar una posición respecto al rol del Congreso, la autonomía del BCRA, la participación de la Justicia mediante tribunales inferiores con injerencia en áreas reservadas estrictamente al poder administrador y la responsabilidad de la política macroeconómica.

En todas estas cuestiones es preciso reforzar la autoridad presidencial. Desnaturalizar el rol de los ejecutivos modernos, implica no reconocer la dinámica de la política moderna para tomar decisiones rápidas con lectura adecuada de la realidad. Discutimos la forma y no el contenido y el fondo de la decisión.

La pregunta para cada argentino es precisamente si es lo mismo utiliza un peso sin pagar intereses o pagando intereses.

Lo cierto es que la República Argentina ha sido un ejemplo de crecimiento económico, generación de empleo, desendeudamiento, inversiones, reducción de pobreza e indigencia y recuperación de la actividad en todos sus niveles. La deuda bajó del 160% del PBI a menos del 45% desde el año 2002 al año 2010.

La constitución del Fondo del Bicentenario permite reducir el costo de financiamiento para el sector público y privado, reduce las condiciones de incertidumbre en un mercado financiero internacional volátil, promueve paralelamente incentivos a la inversión productiva y el empleo y genera previsibilidad en el largo plazo.

Quinta conclusión: el Fondo del Bicentenario constituye una decisión política acertada para garantizar incentivos para un más rápido crecimiento de la economía del país y un mejor desarrollo de la generación de empleo utilizando legítimamente una herramienta disponible sin costo financiero para el estado.

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