La medida, firmada por el ministro de Defensa Vladimir Padrino y publicada en la Gaceta Oficial, corresponde a las "nuevas normas de actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones".
La resolución, que se conoce en un momento de creciente tensión social debido a la crisis económica y la escasez de productos de primera necesidad, precisa que cuando se trate de la "creación de una situación de riesgo mortal", el efectivo militar "aplicará el uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal". Asimismo, establece que los militares podrán usar "equipos y materiales que permitan el registro de los hechos para evaluar posteriormente los procedimientos y actuación" en las reuniones públicas y manifestaciones.
De acuerdo con la normativa, los militares "no emplearán la fuerza contra las personas que se retiran o caen mientras corren y que no participan en actos violentos".
Igualmente establece que "extremarán las precauciones para el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada, a fin de evitar su difusión y extensión en inmediaciones o cercanías de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias, tales como hospitales, geriátricos, escuelas, colegios y liceos".
Según se informó, dentro de los próximos tres meses se girarán instrucciones para la elaboración de un manual de normas y procedimientos en materia de orden público, aunque la autorización de los militares para intervenir en protestas y usar armas letales "tiene vigencia inmediata".
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo ayer que examinará "a fondo" la polémica resolución. "Cuando se tenga el resultado, se hará del conocimiento público de ello", declaró a los periodistas. "Analizaremos el contenido", agregó.
El Gobierno chavista había sostenido hasta este imprevisto giro la tesis de que el control de orden público corresponde a la Guardia Nacional (policía militarizada) y que las fuerzas militares sólo podían intervenir en manifestaciones cuando aquellas sean superadas.
La portavoz de la opositora organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, advirtió que la norma sobre actuación de la Fuerza Armada en el control de manifestaciones "es un reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela en 2014".
En tanto, para Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), la resolución "reitera el golpe continuado al orden constitucional por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro".
Uzcátegui recordó que la Constitución venezolana establece en su artículo 68 "la prohibición de armas de fuego y químicas para el control de manifestaciones".
"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana sólo puede participar en labores de seguridad ciudadana en estados de excepción, y sólo de manera excepcional y temporal", dijo, tras destacar que "la Constitución venezolana sólo autoriza la participación de la Guardia Nacional Bolivariana en labores de orden público cuando las policías son superadas por la situación". En este sentido, alertó que "el Gobierno deja la puerta abierta para que la expresión de los ciudadanos en la forma de protesta sea acallada a punta de balas".
"Si el orden político cambia, el próximo Gobierno tendrá todo en sus manos para reprimir todas las protestas, incluso las de oficialistas. Maduro le está legando a su sucesor el orden jurídico para reprimir de manera violenta las manifestaciones", advirtió.
| Agencias ANSA y DPA, y Ámbito Financiero |
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