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Para Sbatella, “entran dólares o riesgo sigue”
• Según titular de UIF, divisas fuera del sistema “desestabilizan”.
• Dice que Elaskar y Fariña son “dos arrepentiditos”
El titular de la UIF, José Sbatella, se mostró optimista por el resultado del blanqueo y buscó minimizar las sospechas por el caso Báez.
Periodista: ¿La UIF se permite a veces investigar delitos del Estado?
José Sbatella: Sí, es autárquica, en el sentido de que se administra y este proceso tiene secreto. Y de hecho, para dar una idea, tuvimos el caso de "Yani" Intelisano, quien fue durante 30 años subsecretario de Administración del Ministerio de Economía. En 2008, la UIF [N de la R: su titular era, entonces, Rosa Falduto] entró como querellante porque en un juicio les pagó a unos ingleses una sentencia que no les tendría que haber pagado nunca. Y se siguió todo el camino del reparto de la coima de esa multa. Y fue exonerado. Era un empleado del Estado, digamos.
P.: En los últimos años, la UIF acumuló 70.000 reportes. ¿Cuántos terminaron en sanciones efectivas?
J.S.: En términos de efectividad, el sistema termina en lo penal con condenados. Nosotros veníamos con tres condenados en 2010. Y la semana pasada hubo seis más. Por primera vez, en un juicio oral, en Misiones, por lavado de dinero, bajo la vieja ley. Los casos que tenemos hasta ahora son con la vieja ley. Pero tenemos más de 30 procesados. Los recientemente condenados eran narcotraficantes que traían droga desde Paraguay. Sumarios abiertos tenemos en tránsito alrededor de 30. Los nuevos ya son de fiscalizaciones conjuntas, con el Banco Central, la CNV y la superintendencia de seguros.
P.: ¿Cuánto tarda un proceso en resolverse?
J.S.: Entre tres y seis meses.
P.: En el caso de Báez, hay reportes que se registraron en 2005 y 2010, ¿no?
J.S.: No, pero eso es otra cosa. Una cosa es el sistema de sanción penal, que según la ley vieja requería la comisión de un delito precedente. Con la nueva ley, el delito es autónomo. Aparte está el sistema de prevención, la obligación de los sujetos de reportar operaciones inusuales, lo que eleva el nivel de riesgo de los operadores. De éstos, a nivel mundial, sólo el 5% sirve para una denuncia penal, porque es un sistema preventivo, que aporta datos aislados, en el que, luego, un sistema de inteligencia termina en otra evaluación de riesgo. Cuando nosotros llegamos, eso se hacía manualmente; pero con el sistema nuevo tuvimos que adecuar el sistema con una matriz similar a la que usan en la Aduana, que es lo que asegura que no hay discrecionalidad, porque es independiente de la opinión del analista.
P.: ¿Pero cuánto tendrían que haber tardado estos casos reportados, si se consideraban relevantes, para que se iniciara un sumario y se aplicara una sanción?
J.S.: Claro..., pero cuando aparecieron esos reportes de operaciones sospechosas (ROS) estuvieron investigados por la UIF de ese momento, en donde se hicieron requerimientos, y en los que se registraron descuentos: Goti contrató a Invernest como gerenciadora financiera de su actividad y le pasó su facturación, le descontó y tiene como contraparte los certificados de obra. No es dinero ilícito.
P.: ¿Y el caso de la financiera SGI?
J.S.: SGI es una financiera chiquita, sin antecedentes históricos, donde no estaba el delito precedente.
P.: Pero en una transferencia como la que hizo SGI, ¿no debería haberse declarado origen de los fondos?
J.S.: Sí. Están reportadas.
P.: En 2010...
J.S.: Sí. Y el BCRA le cerró la cuenta. Y nosotros estamos en el proceso para poder encontrar la verosimilitud de un delito precedente, porque antes de 2011 regía la ley vieja.
P.: SGI fue suspendida del mercado cambiario recién a mitad de 2012 por el BCRA. ¿Entre 2011 y 2012 no hubo ningún reporte?
J.S.: Sí..., en 2011 ya entramos a buscar la posibilidad de hacerle una denuncia penal. Lo fuimos juntando en secreto, bajo confidencialidad, para encontrar otras situaciones que permitieran hacer una denuncia penal concreta. Porque al fiscal tenemos que llevarle algo más. No es sólo voluntad; tiene que tener cerrada la figura de delito. Y eso lleva un proceso que sólo en un 5% termina en denuncia penal.
P.: ¿No hubo un proceso iniciado por Lázaro Báez?
J.S.: Sobre Lázaro Báez hay elevado a la Justicia todo lo que estaba acá, bajo secreto de sumario. También sus empresas están en la Justicia.
P.: ¿Qué dice de quien ve orientación política en la forma de operar de la UIF?
J. S.: No. La prueba está en los casos que tuvimos. Nosotros hasta ahora hemos tenido conflicto con un caso de negligencia judicial, el caso de Hernán Arbizu, que hace cinco años dijo "yo maté y ni siquiera está indagado. Y fijate la diferencia con el caso de Fariña y (Federico) Elaskar, que son dos "arrepentiditos".
P.: ¿"Arrepentiditos"?
J.S.: Y..., lo digo comparado con lo de Arbizu, que fue el jefe para Latinoamérica del JP Morgan y manejó las cuentas más importantes de un grupo empresario argentino, con nombre y apellido, y en algunas situaciones con delitos claros precedentes.
P.: Pero todavía no se sabe el tamaño del delito de Fariña, Elaskar y Báez, porque no se los investigó...
J.S.: Y..., pero ellos hablan de 55 millones de euros...
P.: Pero eso sería por una sola operación...
J.S.: Sí, pero ellos dicen que vieron pasar eso. Bueno, al otro día se desdijeron. El otro no. El otro no se desdijo: hace cinco años dice que quiere que lo interroguen acá porque hizo todo eso. Y acá no se hizo nada. Para poder entrarle al caso tuvimos que avanzar hasta pedirle al juez denegación de justicia porque, si no, no avanzaba. Es decir, apelamos dos veces porque no había delito.
P.: ¿Qué va a seguir haciendo UIF en el caso Báez?
J.S.: En este caso, nosotros ya quedamos como auxiliares de la Justicia. Como colaboradores de la causa. Todo lo que está llegando son reportes por lo que leyeron en los diarios: se asusta todo el sistema y entonces nos empieza a mandar todo el movimiento, que antes no nos habían mandado. Eso le sirve al juez.
P.: ¿Cuál va a ser la postura ante el GAFI, en junio, por el blanqueo de capitales?
J.S.: Plantearemos el riesgo-país en la Argentina como un determinante para poder hacer la política antilavado. En la Argentina tenemos uno de los stocks de dólares per cápita más grandes del mundo, y tuvimos el sistema financiero quebrado en 2001, con lo cual ese stock está en las cajas de seguridad. Nuestra posición: el riesgo argentino no es igual al de los demás, porque en la Argentina ese stock está encajonado; al funcionar el sistema antilavado como un tapón, tiene ese dinero sin movimiento. Es la mayor desestabilización que tenemos del sistema en la Argentina. Entonces, el riesgo argentino es el riesgo del stock de dólares sin explicitar, producto de la historia argentina. Entonces: ¿cómo hacemos para poder lograr que ingrese de nuevo al sistema?
P.: ¿Pero esto prevé el GAFI para dejar a un país fuera de la lista gris?
J.S.: A esto ellos lo llaman proceso de "voluntary tax compliance" (explicitación voluntaria de impuestos). Los principales requisitos para que nos acepte el GAFI son que no se atenúe el proceso de revisión de la debida diligencia, y que no se perdone ni se le dé impunidad al dinero blanqueado de otros delitos.
P.: ¿Presumen que tendrán éxito?
J.S.: Tenemos que tener la ley aprobada. Presumimos que sí, teniendo en cuenta la experiencia de blanqueo anterior, que fue exitosa en el proceso de aceptación internacional, y esta iniciativa, que mantiene los mismos principios y que no perdona los otros delitos. Y que el riesgo-país es una situación complicada para la Argentina. O entran esos dólares o el riesgo sigue.
P.: ¿Qué va a pasar en el blanqueo con todos estos procesos que inició la UIF?
J.S.: Quedan investigados. Blanquean, pero no se les perdonan los delitos. El blanqueo es sólo evasión tributaria.
P.: ¿Por los datos que aporten a AFIP pueden ser investigados por lavado?
J.S.: Sí. En el blanqueo anterior se presentaron 35.000 personas, e hicimos 600 reportes de operaciones sospechosas. El blanqueo no perdona los delitos que no sean de evasión tributaria.


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