Piden juicio a D’Elía por tomar comisaría

Luis D’Elía

El fiscal federal Luis Comparatore requirió enviar a Luis DElía a juicio oral y público acusándolo de tomar una comisaría en el barrio de La Boca junto con otros manifestantes en 2004.

Un giro en el expediente, especialmente cuando todo hacía presumir que la causa sería archivada a raíz de una prescripción decretada en 2010. Un tribunal ordenó reabrirla en mayo de este año y ahora el fiscal pide que el dirigente social vaya a juicio.

Comparatore acusó a DElía por los presuntos delitos de lesiones leves, daño agravado por tratarse de bienes de uso público, en concurso ideal con atentado a la autoridad, daño simple en concurso con privación ilegítima de la libertad

coactiva, amenazas con el objeto de obtener la concesión por parte de los poderes públicos, y robo agravado «todos ellos en calidad de autor».

De ser llevado a juicio bajo todos esos cargos, DElía afrontaría una pena que supera los diez años de cárcel.

El requerimiento también incluye a los manifestantes Ángel Borello y Alberto Bordón, luego que el juez federal Sergio Torres corriera vista para dar por clausurada la investigación y elevar el expediente a un Tribunal Oral.

El juez federal Sergio Torres procesó a DElía luego de indagarlo en noviembre de 2004 por los delitos de «lesiones leves, daño agravado por tratarse de bienes de uso público, privación ilegal de la libertad y coacción agravada».

Rebaja

El abogado de DElía, Adrián Albor apeló y la Sala I de la Cámara Federal rechazó imputarlo por el delito más grave por el cual se lo acusa, el de coacción agravada, y rebajó la calificación al atribuirle la figura de «atentado y resistencia a la autoridad».

En mayo de este año, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal reabrió la causa y en noviembre fue nuevamente procesado. La responsabilidad en cuanto a la participación de DElía en el hecho nunca estuvo en duda, y el dirigente admitió haber copado la seccional, pero argumentó que lo hizo ante un reclamo de Justicia.

Al procesarlo, la Casación señaló que «si bien el derecho a expresión, de reclamar, peticionar y quejarse ante las autoridades posee protección constitucional, la Carta Magna no ampara la intimidación, las lesiones, los daños, ni protege los hechos de violencia».

DElía ya tiene experiencia en Comodoro Py. Fue juzgado por otros dos hechos, uno por agredir a un ruralista en pleno conflicto por la retención a las importaciones de granos y por la cual recibió una pena de cuatro días de prisión en suspenso; y otra causa en la cual el expresidente Eduardo Duhalde lo acusó por injurias luego que DElía lo vinculara al narcotráfico.

Fue en esta última causa en la que la jueza María Servini de Cubría lo había condenado a pagar una multa de 6 mil pesos que quedó revocada ante un fallo de Casación. En cambio, sí prosperó una demanda civil en la cual se ordenó al dirigente a pagar unos 150 mil pesos al expresidente por daños y perjuicios.