Primera tarea urgente: blindar judicialmente a Juan Carlos

El nuevo rey español saluda con su familia, incluido su padre Juan Carlos, a miles de españoles que lo vivaban.

Madrid (enviado especial) - El Gobierno español apurará desde hoy la sanción de una ley de inmunidad para el saliente rey Juan Carlos I, que le proporcione fueros especiales ante tribulaciones judiciales que pueden sobrevenir en los próximos días.

Desde que dejó la Corona el martes a la medianoche, el Borbón ha perdido la inmunidad absoluta de que gozan los monarcas y quedó sometido a los avatares de un ciudadano común. Cerca de 4 mil legisladores y funcionarios tienen en España fueros por encima del estado llano, que implican que toda denuncia que se haga contra ellos deba ser tramitada -instrucción, enjuiciamiento, etcétera- por la Suprema Corte de Justicia.

Sobre Juan Carlos hay leyendas de demandas de paternidad, reclamos por cuentas bancarias en el extranjero y otros reproches que no han tenido trato judicial mientras era rey por la cobertura total que tenía.

En septiembre próximo tendrá vista judicial una demanda que no ha tenido trámite, presentada por Albert Solá, quien afirma ser el primogénito de Juan Carlos. Reclama reconocimiento y ha localizado en su demanda a una mujer belga que también reclama la paternidad: se trata de Ingrid Sartiau, que comparte con Solá el ADN y podría ser un segundo caso. Para esa fecha, el Gobierno espera que ya esté aprobado el blindaje judicial del rey que se fue.

En la mañana de hoy el rey Felipe VI tendrá su primera reunión de trabajo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el principal tema de ese despacho es el proyecto de ley de "aforamiento", como lo llaman aquí. Esa primera cita será seguida de la habitual reunión del Gabinete de ministros de todos los viernes, donde se descuenta que se discutirán los términos de ese proyecto de ley.

Se trata de una modificación a la ley preexistente para incluir a Juan Carlos, porque la situación en la que ha quedado lo expone a agravios que podrían ahondar el debate sobre la institución monárquica. Desde que se conoció hace dos semanas la abdicación del Borbón, se habla de esta emergencia personal. Para algunos hubo un descuido, porque debió haberse previsto en el mismo paquete de la abdicación, pero haber adelantado esta enmienda habría ensuciado el trámite que se ha querido revestir de boato y grandeza.

Se trataba de poner el hecho por encima de sus verdaderas razones, que son la salud del exmonarca, pero también la debilidad en la que han quedado por partidos que dominan el Congreso: las elecciones europeas del 25 de mayo revelaron que el Partido Popular (PP) y el Socialista Obrero Español (PSOE) perdieron millones de votos. Haber mezclado el debate sobre la abstención con el de los fueros, además, habría dirigido las miradas hacia otro hecho al que se le atribuye la necesidad de que se prepicitase la salida de Juan Carlos: la semana que viene un juez de Mallorca cerrará la instrucción del caso Nóos, en el que está imputado el yerno del exrey, Iñaki Undangarin, por el manejo de fondos públicos volcados a fundaciones de su propiedad. En ese caso puede quedar imputada la hermana de Felipe VI, Cristina, que con esta trajinada sucesión ha dejado de pertenecer a la "familia real" para ser sólo de la familia del rey y mantener la categoría de infanta.

La abdicación, por los tiempos en que ha ocurrido, apartó más a la hermana del nuevo rey de la Zarzuela. Cristina no asistió a los actos de salida del trono de su padre ni la asunción de su hermano. Vive en Suiza, pero se supo ayer que viajó a Madrid de forma más que discreta y que participó de una cena familiar el miércoles en la Zarzuela, donde vive su familia. Esa noche jugaba España contra Chile y la trasmisión de la derrota de "la roja" no se vio de manera completa en esa residencia. Se escuchó que Juan Carlos recién preguntó ayer a la mañana cómo había salido el partido.

En la reunión de gabinete de hoy se le dará una primera forma al proyecto de fueros y eso implica que fracasó la intención del oficialista PP en el Congreso de que la iniciativa se originase en un acuerdo con el PSOE en el marco parlamentario. Los socialistas, que respaldaron el proceso de abdicación de Juan Carlos sin discutir ni el fondo ni la forma, no lograron unificar hacia adentro una posición sobre el tema de los fueros. Entienden todos que debe avanzarse en el proyecto, pero dejó solo al PP, que gobierna, para que presente la reforma. Este partido tiene mayoría absoluta de votos para aprobarla, pero intentará hasta último momento obtener el respaldo de los socialistas para darle más legitimidad al blindaje judicial del rey saliente, que es rechazado por los otros partidos de la oposición que, además, rechazaron la ley de abdicación de Juan Carlos.

El PP descarta que logrará la adhesión de los socialistas, con quienes trabajan en la clandestinidad en un proyecto de reforma constitucional que quieren mostrar antes de fin de año para asuntos de menor peso circunstancial, pero que creen imprescindible para su futuro político. Esa reforma que estudian los dirigentes de los dos partidos buscará darle más legitimidad a la monarquía a través de la reforma del artículo que le da la precedencia en la sucesión al heredero varón. Con el argumento de que debe dárseles a las mujeres la igualdad en la herencia real, el proyecto forzaría constitucionalmente a la institución monárquica, que sectores minoritarios quieren discutir para avanzar hacia una república. Esa reforma también intentará implantar un sistema de monarquía "federal", de manera de superar el principal problema político que tiene hoy España, que es la llamada disputa "soberanista" de Cataluña.

El actual Gobierno autonómico de Artur Mas ha llamado a un referendo separatista para el 9 de noviembre, que ha sido ilegalizado por la justicia y el Congreso. Mas busca alguna forma de legalizar la consulta que, si no logra estatus legal, se trasladará a la campaña para las elecciones municipales y parlamentarias del año que viene, en las que los separatistas pondrían el compromiso de avanzar en ese proceso en sus plataformas, dándole a una elección de renovación de bancas el carácter de un plebiscito.

El catalán Mas estuvo ayer en el acto en el Congreso en el que juró Felipe VI y también en la recepción que se les dio a más dos mil invitados en el Palacio de Oriente. En el primero ocupó un palco con los presidentes de otros gobiernos autonómicos y se distinguió por no aplaudir en ninguno de los momentos en los que la asamblea legislativa interrumpió a Felipe en la lectura de un discurso que trató sobre la diversidad de las regiones, defendió la importancia de las lenguas de cada una de ella como eje de su identidad y cerró con un agradecimiento en castellano, catalán, gallego y vasco (ver nota aparte). Igual que el "ledakari" Iñigo Urkullu -titular del Gobierno autonómico vasco- exhibió indiferencia en el momento de los aplausos. Al salir dijo que lo había hecho porque, para las posiciones soberanistas, el discurso de Felipe no había aportado nada nuevo.

Mas hace una semana le dijo a este diario que esperaba que el nuevo rey contribuyese más que su padre a la causa catalana "si el Gobierno lo deja".

Las charlas discretas para estos proyectos -fueros, reforma constitucional- tienen como protagonistas principales a los jefes históricos del PP y del PSOE, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, con quienes estuvo a solas el miércoles el nuevo rey antes de asumir el trono. Existe un gran hermetismo sobre los detalles de este nuevo pacto, que es la primera iniciativa política del nuevo reinado, pero admiten todos que es necesario hacerlo ahora porque en un año o dos puede ser un imposible. En esto se le atribuye gran responsabilidad a Felipe González, el político más cercano al rey saliente, que suele visitarlo en su casa para consultas. El expremier socialista fue uno de los primeros en conocer la decisión de Juan Carlos de abdicar, tomada en enero y mantenida en reserva. Desde entonces hay quienes afirman que Juan Carlos mantuvo un par de decenas de reuniones a solas con Felipe en el domicilio de éste.