Sólo seis días después de la proclamación de Felipe VI, el juez José Castro, de Palma de Mallorca, que investiga desde hace más de tres años el caso de corrupción que protagoniza el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, la mandó al banquillo de los acusados junto a éste por el escándalo que hundió la imagen de la monarquía y amargó los últimos años de reinado a Juan Carlos.
La casa real reaccionó con prudencia, pero desmarcándose de la infanta Cristina (ver nota aparte).
El juez sostiene que la infanta se benefició de los negocios ilegales que su marido hizo presuntamente con administraciones públicas desde el Instituto Nóos, una organización vinculada al mundo del deporte y en teoría sin fines de lucro que encabezó con un antiguo profesor de master como socio, Diego Torres.
Urdangarin será juzgado por supuestamente haberse apropiado junto a este último de 6 millones de euros de dinero público que era canalizado a Nóos al parecer de modo ilegal. Los beneficios de los negocios del exdeportista iban a parar a una empresa, Aizoon, de la que el exjugador de handball y la infanta eran dueños al 50%.
Cristina actuó "lucrándose en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo hiciera su marido" mediante una "colaboración silenciosa", indicó el juez.
La fiscalía, que se opuso desde el primer momento a la imputación de Cristina, de 49 años, anunció que apelará la decisión, igual que hará la defensa de la infanta.
"Ha sido imputada por ser quien es", dijo el fiscal del caso, Pedro Horrach.
"No hay ninguna actuación que pueda ser considerada delictiva", indicó por su parte el abogado de la infanta, Miquel Roca. Cristina recibió la noticia "no con satisfacción, pero sí con tranquilidad".
La decisión final de enviar a la infanta al banquillo de los acusados queda ahora en manos de un tribunal superior, la Audiencia Provincial de Palma, que verá los recursos. Ese tribunal anuló en 2013 una primera imputación de la infanta. La segunda, en enero de este año, no la apelaron ya ni la defensa ni la fiscalía.
"Habrá que esperar a que se pronuncie la Audiencia de Palma", dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la primera valoración del Gobierno de Mariano Rajoy.
Nunca antes en la historia de la monarquía española un familiar directo del rey ha sido juzgado. Cristina se convirtió de hecho en febrero en el primero en ser interrogado por un juez cuando compareció durante cinco horas ante Castro como imputada.
La actitud de la infanta en esa comparecencia fue crucial para su procesamiento, señaló ayer Castro. "Se aproximó en la práctica más al ejercicio del derecho a no prestar declaración que al de hacerlo", dijo, aludiendo a sus silencios y a sus "reiteradas apelaciones al desconocimiento".
La decisión del magistrado en el auto con el que concluye la instrucción de un caso que le ha llevado más de tres años supone el primer gran problema al que se enfrenta Felipe, de 46 años, en el inicio de su reinado.
"Los delitos contra la hacienda pública que se imputan a don Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa, por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado", señaló Castro.
"Cristina de Borbón colaboró activamente con Iñaki Urdangarin en las irregularidades que se estaban cometiendo en el seno de la entidad Aizoon", aseguró el juez.
A su marido lo manda al banquillo de los acusados por nueve delitos. Entre ellos están los de malversación, prevaricato, tráfico de influencias, estafa y delitos fiscales.
La infanta está apartada de la agenda oficial desde finales de 2011 junto a su marido, cuando éste fue imputado en el caso de corrupción que derrumbó el prestigio de la monarquía española. La semana pasada quedó completamente excluida de los actos en torno a la abdicación de su padre y a la proclamación de su hermano. Según dice el diario El País en su edición de hoy, la infanta considera esas exclusiones como una suerte de "condena por adelantado" emitida por su propia familia.
Junto a la infanta, a su marido y al exsocio de éste, el magistrado procesó a otras 13 de las 32 personas que había imputado, entre ellos varios exaltos cargos de las administraciones, como el exjefe del Gobierno regional de las Islas Baleares Jaume Matas.
| Agencias DPA, ANSA y AFP |
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