Tres juezas decidirán desde abril si Berlusconi es culpable

«La ley es igual para todos», reza un lema sobre las sillas de magistrados de un tribunal de Milán. Un sorteo determinó que sean tres mujeres las que decidirán sobre la culpabilidad de Silvio Berlusconi.

Roma - Silvio Berlusconi será juzgado a partir del 6 de abril por supuesta incitación a la prostitución de menores y abuso de poder, de acuerdo con la decisión de una jueza de Milán que accedió al pedido de los fiscales formulado la semana pasada. El denominado «caso Ruby» podría representar no solo el fin del Gobierno de Berlusconi, sino una hipotética cárcel de hasta 12 años para el primer ministro.

La jueza para las investigaciones preliminares de Milán Cristina Di Censo dispuso el «juicio inmediato» en un tribunal penal milanés al considerar que cuenta con pruebas evidentes que hacen innecesarias audiencias previas.

El jefe del Gobierno italiano, contra quien, el domingo pasado, se celebró una masiva manifestación de mujeres, será juzgado por un tribunal compuesto únicamente por magistradas: Giulia Turri, Carmen DElia y Orsola De Cristoforo. Una ironía del destino.

Con su decisión, Di Censo, en contra de los argumentos esgrimidos por la defensa de Berlusconi, declaró competente a la fiscalía de Milán en su investigación del mandatario, llevada a cabo sobre la base de numerosas escuchas telefónicas, algunas de las cuales se fueron filtrando en los medios.

En el dictamen, la jueza precisó que Berlusconi cometió el delito de abuso de poder y no de la función de jefe de Gobierno, un aspecto técnico que ratifica la competencia de la Justicia de Milán en detrimento de un tribunal especial para ministros. Es previsible que también se desate un conflicto de poderes, ya que la Cámara de Diputados, dominada por el berlusconismo, no reconoce la competencia de tribunales ordinarios para este caso.

La acusación de abuso de poder se centra en la llamada telefónica de Berlusconi en la noche del 27 de mayo de 2010 a una comisaría de Milán para exigir supuestamente que dejaran en libertad de la joven Ruby Rubacuori, detenida por un robo, por entonces de 17 años, y se la entregaran a la consejera de Lombardía, Nicole Minetti, alegando que era la sobrina del entonces presidente egipcio, Hosni Mubarak.

En tanto, la acusación de incitación a la prostitución de menores se centra en la presencia de la misma Ruby, alias de la inmigrante marroquí Karima El Mahroug (ver aparte), en varias ocasiones en la mansión de Berlusconi de Arcore (próxima a Milán) cuando era menor de edad, en las que la fiscalía cree que hubo encuentros sexuales con el mandatario.

El código penal italiano contempla una pena de entre 4 y 12 años de cárcel para el delito de abuso de poder y de entre 6 meses y 3 años de reclusión para la prostitución de menores.

La jueza Di Censo indicó al Ministerio del Interior italiano y a la propia Ruby como partes damnificadas, respectivamente.

También aparecen involucrados en el caso: Minetti, funcionaria y supuesta reclutadora de mujeres para Il Cavaliere; el representante de famosos Lele Mora; y el director del noticiero del canal Rete Quattro, Emilio Fede.

También los efectivos de la comisaría de Milán que supuestamente tuvieron que acatar las exigencias del mandatario: Pietro Ostuni, Girogia Iafrate e Ivo Morelli.

En una primera reacción recogida por los medios italianos, el abogado de Berlusconi, Piero Longo, aseguró que no se esperaban «nada distinto» de la decisión de la jueza Di Censo y afirmó, en referencia a las magistradas que juzgarán a Berlusconi, que «las señoras son bienvenidas y alguna vez agradables». En tanto, el fiscal jefe de Milán, Edmondo Bruti Liberati, no quiso comentar el fallo de la magistrada, señalando solamente: «Ahora iremos a la audiencia».

Los principales partidos de la oposición de centroizquierda, el Partido Demócrata (PD) e Italia de los Valores (IDV) exigieron ayer a Berlusconi que comparezca en tribunales. IDV pidió, además, que renuncie al cargo.

Berlusconi, quien canceló ayer su presencia pública en Sicilia por el flujo de inmigrantes tunecinos, tiene pendiente en la Corte de Milán el llamado caso Mills, en el que se lo acusa de corrupción en acto judicial (se reanudará el próximo 11 de marzo), así como el proceso Mediaset, en el que está imputado por un supuesto fraude fiscal (se retomará el próximo 28 de febrero).

En fase de audiencia preliminar está el caso Mediatrade, en el que se debe decidir si se lo juzga por apropiación indebida y fraude fiscal y que, como los casos anteriores, había quedado suspendido por la ley del legítimo impedimento, a la que Berlusconi se había acogido para no acudir a los tribunales, pero que fue invalidada parcialmente por el Tribunal Constitucional semanas atrás.

Agencias ANSA y EFE