Diarios "Clarín" y "La Nación" utilizan un informe de la SIP

La comisión de muy renombrados periodistas internacionales que envió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para analizar la libertad de informar en la Argentina difundió por Internet un «informe» que no necesariamente será el pronunciamiento definitivo del organismo, pero no diferirá mucho dada la relevancia y peso de la delegación que llegó. Nada puede objetarse a la SIP por hablar sobre presiones a la prensa, aunque todavía no hubo desde el gobierno ningún hecho que adquiera gravedad. Pero es bueno que un organismo como la SIP prevenga en un país donde el presidente siente aversión casi natural por el periodismo aunque se haya limitado a discursos. También tiene razón la SIP cuando expresa que al no haber conferencias de prensa generales -independientemente de que haya comunicación de algunos funcionarios con periodistas- se reduce la información que recibe la población.

En cambio, no es correcto que pretenda negarles a los funcionarios lo que llama «telefonazos», que es negarles su derecho a decirles a hombres de prensa su punto de vista distinto a la información que publicaron. Un organismo como la SIP no puede negar nunca la libertad de expresión de nadie y menos circunscribir a derecho sólo a periodistas. Así hace defensa corporativa.

En cambio, es buena la crítica sobre el proyecto argentino de ley de «acceso a la información». Es realmente limitativo de la libertad de expresión. Dice la SIP que ese intento «no cubre los estándares mínimos internacionales en la materia».

Pero hay un párrafo en el informe de la SIP que puede ser correcto para otros países pero no para la Argentina. Con picardía los diarios como «Clarín» y «La Nación» no lo incluyeron en sus crónicas sobre el informe. Ni lo menciona ADEPA (ésta es una entidad local que domina «Clarín» vía cuotas de papel para ganar los votos de diarios que le aseguren la mayoría).

Obsérvese qué dice el «informe» de la SIP y por primera vez lo leerá, en este diario por el silencio de otros: «Pasando a hechos concretos y más discutibles la misión (de la SIP) ha comprobado que la asignación de publicidad oficial se aplica con un criterio que no es objetivo ni sigue pautas técnicas ni profesionales, planteándose situaciones DESIGUALES que son calificadas por los periodistas como actos de discriminación favoreciendo a determinados medios y castigando a otros. En esta materia, la SIP sostiene que SOLO LOS CRITERIOS TECNICOS deben regir el manejo de los recursos públicos que aportan los contribuyentes a través de la publicidad oficial para que sea diáfano evitar suspicacias y para que no se utilice en forma arbitraria como instrumento de premios y castigos. En esta materia el gobierno nacional aplica un criterio distinto que denomina DE EQUILIBRIO, que considera es el que corresponde y con el que advierte se evita favorecer a los MEDIOS MAS GRANDES Y DE HECHO APLICAR UNA POLITICA DE APOYO A LOS MEDIOS MEDIANOS Y PEQUEÑOS. Si bien el gobierno se expresó claramente que ello no significa 'salvar medios' paralelamente y en forma pública un funcionario del COMFER admitió que el gobierno mantiene a más de un medio y ha evitado la desaparición de otros».

Es obvio que «Clarín y «La Nación» no hayan publicado más que muy resumido ese párrafo porque son socios del Estado en Papel Prensa. Además, a ellos dos les permitieron, como socios precisamente del Estado, tomar al cien por ciento los bonos en default, o sea sin quita, en un privilegio irritante. Además, les votó el Congreso primero una ley de quiebra y, ante la protesta internacional por la barbaridad comercial que implantaba, la derogaron y cambiaron por otra «ley cultural» que por imposibilidad de tomar como garantía acciones a los acreedores extranjeros les salvó sus deudas pero, a su vez, esa imposibilidad de cubrir sus préstamos, por la citada «ley cultural», afectó a todos los restantes medios de prensa que no tienen más créditos externos y deben pagar todas sus compras al extranjero con contado. Así tienen comprometidas financieramente sus empresas.

La SIP, entonces, no puede hablar que el apoyo a los medios «se guíe por pautas técnicas y profesionales porque ¿qué «técnica» es mantener asociados a dos diarios al Estado con papel más barato en detrimento de todos los restantes? «Clarín», sobre todo, recibió de este gobierno (aparte de que no le vetó la «ley cultural» para mantener igualdad en la prensa como debió hacer) miles de millones de dólares del duhaldismo, como antes de los militares y se centra la queja de la SIP en que haya escasos miles de pesos en medios más chicos. No es nada comparable en beneficio de uno y otros. Además, los medios son «grandes» por la competencia desleal.

Si «sólo los criterios técnicos deben regir el manejo de los fondos públicos» para que todo sea «diáfano» deberían hacerle pagar a «Clarín» el dinero mal habido desde 1977 (28 años apropiándose ilegalmente del dinero que el Estado extrae de la población) y distribuirlo entre esos diarios «medios y chicos» que sacrificó y que penosamente subsisten sin contar los centenares que «Clarín» ya exterminó, afectando más que ningún gobierno la libertad de prensa en Argentina, antes y ahora. La SIP, por otra parte, no menciona en su «informe» que no puede haber real libertad de información en un país si no proviene de «fuente diversificada», o sea medios con distinta ideología. No mencionar eso acerca de la SIP a los monopolios. Hoy a cambio de favores «Clarín» usa su monopolio para servir totalmente al gobierno. Es mucho más grave para la opinión pública que darles publicidad a medios más chicos.