Juez renunciante cuestionó modificaciones a las leyes penales bonaerenses

El renunciante juez de Garantías de San Isidro Roberto Makintach cuestionó la incorporación de fuerzas federales al control de seguridad en la provincia de Buenos Aires y definió que se "retrocede al siglo dieciocho" con algunas reformas al Código Penal, como la sumatoria de penas.

El juez, quien dejará su cargo el 1 de octubre, advirtió que se está avanzando hacia "una seguridad de elite", y que si el Gobierno bonaerense no está en condiciones de garantizar la protección de los ciudadanos "que se intervenga la provincia".

Makintach sostuvo además que los operativos de "saturación" de agentes policiales en las calles "son medidas efectistas pero no efectivas, que le hacen creer a la sociedad que la están amparando".

"No existe política de seguridad en la provincia de Buenos Aires", señaló el magistrado y postuló que se debe avanzar en mejorar la educación y el trabajo.

Agregó en ese sentido que "se están atacando los efectos y nos las causas" del delito y sostuvo que el envío de fuerzas nacionales de seguridad "violenta principios elementales del federalismo".

"La utilización de las fuerzas federales para combatir el delito, violentan principios elementales del federalismo. Si la provincia no puede dar seguridad, que el Gobierno central intervenga la provincia y no mande a la Prefectura, la Gendarmería y la Federal", sostuvo el magistrado.

Makintach mencionó también que existe un interés por la cuestión de la seguridad "cuando el delito comienza a llegar a ciertas clases sociales que pensaba que estaba protegida por la seguridad privada".

El juez apuntó que en ese caso, "todo el mundo reacciona, pero cuando afecta a quien tiene que ir a trabajar a las 4:00, a esa persona no le da seguridad".

El juez de Garantías señaló que "el Código de Procedimientos Penales en Buenos Aires es un fracaso, el sistema carcelario no mejoró y las durísimas leyes de excarcelación llevan a que estén todos hacinados en las cárceles".

"Se retrocede al siglo dieciocho con la sumatoria de penas a 50 años. Nos olvidamos de la Constitución Nacional que dice que la cárceles son para reeducación y no para castigo", agregó.

Makintach también cuestionó la denominación de "secuestros exprés", y enfatizó que “ara la privación de la libertad extorsiva, es lo mismo que sean tres meses o que sean horas".

Estimó finalmente que, para mejorar la administración de Justicia, los magistrados deberían pedir "leyes coherentes, investigaciones coherentes, sin apremios, presiones".