El gobierno comenzó ayer a desarrollar una teoría propia para anular los indultos firmados por Menem a ex militares, pero sin extender la suspensión a los ex terroristas que fueron incluidos en aquellos decretos. Tras la polémica anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, muchos de los acusados por delitos de lesa humanidad pueden beneficiarse por estar incluidos en aquellos indultos que ahora se quiere anular. De ocurrir eso, quedarían expuestos a nuevos juicios muchos activistas de las guerrillas de los '70 por actos terroristas que no son considerados de lesa humanidad, por lo menos hasta ahora. Podrían acogerse a la prescripción de aquellos delitos por el tiempo que ha transcurrido, pero igual deberían someterse a un proceso judicial. Para evitar ese agravio a algunos amigos del gobierno, los funcionarios piensan en recortar las nulidades y mantener los indultos para quienes, en sus palabras, sólo ejercieron el "derecho de resistencia a la opresión". Deberán probar que estuviera dirigido a ese propósito legítimo el secuestrar a cambio de rescate, alentar crímenes a uniformados para "iniciar" a guerrilleros en hechos de sangre o promover atentados con explosivos con víctimas indiscriminadas para instalar el clima de terror.
Dejá tu comentario