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8 de agosto 2003 - 00:00

Cómo selecciona Estados Unidos sus miembros a la Corte Suprema

La reacción de la sociedad argentina ha sido tan contundente contra la propuesta de llevar a la Corte Suprema al ex juez Eugenio Zaffaroni, que muchos creen o que Zaffaroni agradezca y renuncie a la postulación para no incomodar al gobierno (renunciaría si ve muy trabada su aprobación en el Senado) o que directamente el presidente Néstor Kirchner, propugnador del eslogan del gobierno «La Argentina un país en serio» desista de su propuesta. Entre el eslogan y admitir un error otros sostienen que este primer mandatario no cederá. Sobre todo porque están en juego ideologías, algo que siempre prioriza. No temió arrepentirse y revocar al día siguiente de asumir la designación del Dr. Carlos Sánchez Herrero como Procurador del Tesoro, cuando del temido lado marxista Horacio Verbitsky escribió que había defendido a un general Sassiañ acusado -ni siquiera condenado- del Proceso. Pero la propuesta del ex juez y ex camarista sigue provocando reacciones. Esta vez opina Mariano Gerván, secretario parlamentario del interbloque de partidos federales de todo el país en la Cámara de Diputados.

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En 1987 se retira el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos Lewis Powell. En su reemplazo, el presidente Ronald Reagan, que había designado en la Corte en 1981 a Sandra Day O'Connor, y en 1986 a Antonin Scalia y a William Rehnquist como presidente, eleva al Senado la nominación de Robert Bork. En las audiencias preliminares, se desató una áspera controversia, reflejada en la prensa, referida al pensamiento y las teorías jurídicas de Bork, por ejemplo, en torno a la acción afirmativa y los derechos de la primera enmienda de la Constitución, y en particular su crítica a un fallo de la Corte Suprema del año 1965, Griswold v. Connecticut, declarando inconstitucional una ley de este estado. En un duro debate, el Senado negó el acuerdo a Bork por 58 votos contra 42.

Entonces Reagan nomina a Douglas Ginsburg, cuyas opiniones jurídicas en la División Antitrust del Departamento de Justicia entre 1983 y 1986 eran discutidas. En tanto los periodistas Al Kamen de «The Washington Post» y Nina Toten-berg de la National Public Radio, revelan que Ginsburg en ocasiones había fumado marihuana mien-tras se desempeñaba como profesor de derecho en la Universidad de Harvard, y había conducido violando los límites de velocidad permitidos, alguna vez en estado de ebriedad. Los senadores, implacables, dejaron trascender que estos actos eran ilegales y un profesor de derecho no debía quebrantar la ley. A los nueve días, Reagan, en pleno auge republicano, retiró esta nominación, y presentó su tercer candidato, Anthony Kennedy, un conservador moderado, que hasta hoy integra el más alto tribunal estadounidense. Impecable, su acuerdo fue votado por unanimidad.

Los tres eran importantes hombres de derecho. Los tres integraban prestigiosas cortes de apelaciones federales, eran académicos, publicistas, profesores universitarios y habían sido funcionarios gubernamentales. Robert Bork, abogado y doctor en derecho por la Universidad de Chicago, era profesor en Yale y juez de la Corte de Apelaciones en Washington DC, había sido nada menos que Solicitor General entre 1973 y 1977 durante las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford. Douglas Ginsburg, egresado de la Universidad de Cornell, doctorado en jurisprudencia en Chicago, profesor en Harvard, ex funcionario del Departamento de Justicia y de la misma Corte Suprema, era también juez de la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, de la que llegó a ser presidente en el año 2001.

Sin embargo, el Senado de los EE.UU. determinó que Bork y Ginsburg, más allá de todos sus pergaminos, no reunían las condiciones para llegar a ser jueces de la Corte Suprema a pesar de las importantes trayectorias. Un juez de la Corte Suprema no es cualquier juez. Es quien en última instancia decidirá sobre vida y bienes de todo ciudadano, y es reflejo del estándar ético y moral que el poder político pretende para la Justicia.

Ya se ha desatado la polémica pública en torno al Dr. Zaffaroni, candidato muy controvertido por el escaso arraigo de sus solitarias teorías en nuestra jurisprudencia, doctrina y legislación. En EE.UU. también se debate el reemplazo de tres jueces de la Corte Suprema prontos a jubilarse (Rehnquist, O'Connor y John Paul Stevens), y si sus sucesores deben ser conservadores o liberales, y cuáles son las convicciones y los valores que deben prevalecer en los candidatos, en vista de las futuras sentencias que podrían dictar. Este debe ser el eje del debate sobre el que deben reflexionar nuestros senadores, si el Poder Ejecutivo decidiera sostener a ultranza al Dr. Zaffaroni, haciendo oídos sordos a las duras críticas que su nominación des-pertó en la sociedad argentina. Hay razones de coherencia que deben imperar.

Con el mayor respeto y consideración al Dr. Zaffaroni, a su trayectoria y antecedentes, es injusto, y hasta revela cierta ignorancia de la mejor tradición jurídica argentina y la fecundidad de nuestras prestigiosas universidades sostener que hay pocos candidatos a la Corte como él. Ministros de superiores tribunales provinciales como Rodolfo Vigo («motor» de la Junta Federal de Cortes) o Aída Kemmelmajer de Carlucci (presidenta de la Corte de Mendoza), constitucionalistas como Humberto Quiroga Lavié, Gregorio Badeni y Félix Loñ, experimentados camaristas, civiles como Santos Cifuentes y Jorge Mosset Iturraspe, o comerciales como Adolfo Rouillon y Julio César Rivera, sin entrar a considerar promisorios, jóvenes y brillantes camaristas como Santiago Corcuera o Marina Cossio de Mercau, son sólo una muestra no exhaustiva de un conjunto de destacadísimos juristas argentinos, muchos del interior de país, con los mismos méritos que el Dr. Zaffaroni para ser nominados. Por el bien de la república, y en honor al alma del derecho, que prevalezca el sentido común.

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