Decide la Corte si acepta apartamiento de juez Fayt

Como también son argentinos, hoy la Corte Suprema se ha envuelto en su propia crisis. No proviene de un afán insólito del gobierno, como ocurrió, por desplazar a sus miembros, ni por una campaña política desatada por sectores de izquierda para desestabilizar la institución. El enredo proviene, en esta ocasión, del episodio Fayt, sobre el cual hoy tendrá que resolver decidiendo si acepta o no su reciente excusación para opinar sobre la pesificación. Un tema que tiene preocupado al ministro Roberto Lavagna. Ayer, su segundo -Guillermo Nielsen- reveló el pensamiento de Economía: «Esperamos que no haya un exceso de justicia», dijo. Se ha nublado de intereses esta cuestión en la cual un ministro, Carlos Fayt, luego que se divulgara su pensamiento favorable sobre la propiedad privada de los depósitos acorralados (voto que en primicia suministró este diario el viernes pasado) y dispusiera una pésima ejecución al respecto, no pudiese soportar presión debido a que en su momento no reveló públicamente que disponía de ahorros en un banco (legales y declarados por otra parte). Es obvio que más de una voz lo ha condicionado al respecto. En consecuencia, optó por la excusación tardía siguiendo el camino que ya había recorrido Enrique Petracchi y el retirado Gustavo Bossert, quienes, para prescindir de opinar, alegaron que disponían de depósitos confiscados. Una salida discutible, ya que la medida afectaba a una multitud de argentinos y, en todo caso, significaba más eludir una responsabilidad que asumirla. Fayt, en todo caso, parece hoy castigado por intentar cumplir con su obligación (de ahí los inmediatos pedidos de juicio político del inefable Monner Sans o la diputada Garré). Curioso: a este magistrado no lo pueden acusar de pertenecer a la «mayoría automática»; tampoco de simpatías partidarias, salvo con alguna forma soñadora de liberalismo con sentido social. Pasa a ser, sin embargo, el blanco móvil para producir otro descabezamiento en la Corte, funcional a los intereses del oficialismo y los radicales alfonsinistas, expertos en la materia. Hoy sus compañeros de instituto tratarán la excusación y, ciertamente, el resultado no parece claro: cualquier decisión será controversial, complicada, difícil de salvar.

La excusación indeclinable que Fayt le presentó sorpresivamente a Moliné O'Connor -en ejercicio de la presidencia de la Corte por ausencia de su titular, Julio Nazareno- el martes pasado sumió al máximo tribunal en una situación de desconcierto que trataba de reponerse ayer. Es que para aceptar o rechazar el apartamiento de Fayt, se necesitan cinco votos y ese cupo debe ser completado por Antonio Boggiano o Augusto Belluscio. Si bien ambos jueces, hasta ayer, mantenían su posición opuesta al voto original de Fayt en contra de la pesificación, sus pares están confiados en que también rechacen la excusación aunque ambos consideran que deben suspenderse los amparos hasta definir la cuestión de fondo: la inconstitucionalidad o no de la pesificación. El único que no se expedirá hoy es Enrique Petracchi, quien se excusó desde el caso Smith por tener dinero retenido en el «corralito», aunque no son los $ 500.000 como erróneamente se dijo en Tribunales sino una cifra considerablemente menor.

Sobre el criterio definitivo para devolver los plazos fijos, tanto Belluscio como Boggiano podrían aceptar la redolarización de los depósitos, pero dejar librado al gobierno y al Congreso la forma de instrumentarla. Pero esta cuestión -la más temida por el gobierno y los bancos (ver recuadro)- tampoco quiere ser llevada a un extremo por los jueces, que pretenden decretar la inconstitucionalidad del artículo segundo del Decreto 214. El propio Fayt, antes de excusarse, había introducido una variante en su voto que establecía el reintegro en cuotas y en base a un coeficiente de intereses, pero cambió su posición original de que los jueces de primera instancia podían exigir la devolución íntegra de los depósitos retenidos y en la moneda de origen. Esos plazos reconocían tres etapas de acuerdo con la urgencia que pudiera acreditar el magistrado actuante: 25, 50 y 75 meses y a diferentes tasas. La prioridad del pronto pago la tendrían los mayores de 75 y los enfermos, tal como establece la ley vigente.

Caso contrario -como señaló este diario ayer-, se abre un proceso con final abierto: porque, ahora, los jueces supremos deben decidir primero qué hacer con Fayt. Si no se reúnen los 5 votos, deben designarse conjueces para que determinen si el ministro de la Corte debe apartarse o no, realizando el mismo procedimiento de designación que para definir la pesificación: presidentes de cámaras federales en todo el país, vocales de esos mismos tribunales y hasta jueces de grado, si así lo dispone la Corte. Sólo en la remota eventualidad de que todos ellos no quisieran aceptar intervenir o fueran recusados, se recurrirá a algunos de los miembros de la Corte de Conjueces que el Senado le aprobó a Eduardo Duhalde. Ese tribunal está integrado por los abogados Carlos León Arslanian, Julio Comadira, Alberto García Lema, Ricardo Gil Lavedra, Hortensia Gutiérrez Posse, Ricardo Haro, Alberto Pisano, Horacio Rosatti, Jorge Vanossi y Héctor Méndez. De todos modos, los integrantes de la primera minoría están empeñados en expedirse lo antes posible y para ello harán todo lo que esté a su alcance para sostener a Fayt.