Hay coincidencias en política que desafían el azar, más si se trata de escritos judiciales con repercusión internacional. El juez federal Sergio Torres, responsable de la instrucción de la megacausa ESMA, decidió investigar las actividades de la Armada Argentina en Francia justo cuando Cristina Fernández de Kirchner cerraba su visita a París. La senadora y primera dama clausuró el viaje a Francia el 9 de febrero pasado con una reunión protocolar con el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, candidato presidencial conservador. El mismo día, el magistrado Torres envió a la Cancillería un oficio de estilo para que se notifique a Francia el requerimiento de información sobre las acciones de los marinos en aquel país durante el gobierno de facto.
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Intentaría dilucidar la « conexión francesa», esa complicada red de vínculos bilaterales que se habrían establecido entre aparatos de inteligencia de ambos países para la lucha contra la guerrilla. Desde 2003 existen testimonios de los marinos detenidos acerca de la presunta participación de paramilitares franceses (ex agentes veteranos de la Guerra de Argelia) en determinados secuestros. Por caso, el de la Iglesia de la Santa Cruz, ocurrido en diciembre de 1977, cuando desapareció la religiosa francesa Alice Domon junto con varias madres de Plaza de Mayo que frecuentabanel templo. Por este hechohubo declaraciones ampliatorias del almirante retirado Luis María Mendía, Alfredo Astiz y Antonio Pernías, quienes insistieron en señalar el rol que le cupo a Francia en la llamada guerra contra la subversión.
Así, por primera vez un juez federal parece ir en búsqueda de la totalidad de los hechos que precedieron y determinaron conductas delictivas violatorias de los derechos humanos. Esta nueva orientación se lee a fojas Nº 24.579 de la causa ESMA. En lenguaje directo para favorecer la traducción al francés, sin segundas interpretaciones, Torres libró un exhorto a Francia el 9 de febrero de 2007, «al juzgado federal criminal de la República de Francia a los fines que dicho tribunal envíe toda la información que posea sobre la actuación de la Armada Argentina en la llamada lucha contra la subversión entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983». Llamó la atención que el juez no haya incluido el período del breve gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón. Es de público conocimiento que el expediente de su colega Norberto Oyarbide también investiga desapariciones de ciudadanos franceses presuntamente cometidas por la Triple A. Es el caso de Maurice Jaeguer, que fue visto por última vez en julio de 1975 en la provincia de Tucumán. La petición de Torres a la Justicia francesa supone colectar cada uno de los expedientes con información histórica que pudiera conservarse en archivo. ¿Conseguirá aquellos datos sobre la legendaria reunión en París de la conducción montonera en el exilio y el entonces jefe naval Emilio Massera?, ¿habrá detalles de cómo delataron la entrada al país de las TEI (tropas especiales de infantería de Montoneros) para la contraofensiva que terminó en fracaso? Si lo que busca el juez federal es la punta de una madeja de relaciones de agentes de inteligencia de los tres bandos: Armada,-Montoneros y franceses, debería comenzar solicitando la desclasificación de cables de la cancillería de Francia. Por esa vía, dicen los marinos encausados, llegaba información relativa a movimientos terroristas en el país. Torres había requerido colaboración a Francia hace dos años sólo en el caso Astiz, cuando la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida permitió la reapertura de los juicios a militares. Francia giró seis cuerpos de expedientes y anexos documentales que sustentaron la condena a reclusión perpetua dictada en París contra Astiz por el secuestro y la desaparición de las religiosas Leonnie Duquet y Alice Domon.
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